El nuevo Gobierno anunció un paquete de austeridad que incluye el congelamiento del gasto de funcionamiento en las entidades del orden nacional y una revisión de los contratos de prestación de servicios, la llamada nómina paralela del Estado.
El objetivo, según explicó el equipo económico, es liberar recursos antes de la discusión del presupuesto de 2027 y reducir la presión sobre el déficit fiscal.
Qué implica el congelamiento
El congelamiento del gasto de funcionamiento no equivale a un recorte automático de salarios ni a despidos masivos de servidores de carrera. Afecta principalmente viáticos, publicidad institucional, arrendamientos, compras de bienes y la contratación de nuevos servicios.
La revisión de contratos de prestación de servicios, en cambio, sí puede traducirse en no renovaciones. Se trata de miles de personas vinculadas por órdenes de servicio, sin estabilidad laboral.
Las alertas de los expertos
Analistas fiscales advierten que este tipo de medidas producen ahorros reales pero limitados: el grueso del presupuesto está comprometido en pensiones, transferencias a las regiones, servicio de la deuda y nómina de carrera.
También advierten sobre el riesgo operativo: si el recorte de contratistas es indiscriminado, algunas entidades pueden perder capacidad para ejecutar programas y atender ciudadanos.
Lo que exigen los afectados
Organizaciones de contratistas pidieron reglas claras y plazos definidos para evitar que la incertidumbre paralice trámites en entidades clave. Los sindicatos estatales, por su parte, anunciaron que vigilarán que la austeridad no se convierta en un recorte de derechos laborales.
El detalle definitivo se conocerá cuando se publiquen los decretos, un paso que el Gobierno anunció para los próximos días.
