La reconstrucción tras el terremoto se ejecutará, en buena parte, bajo la figura de la urgencia manifiesta: el mecanismo que permite a las entidades públicas contratar de forma directa, sin licitación, cuando hay una calamidad que no da espera.
Es una herramienta legítima y necesaria. También es, históricamente, el punto donde más plata pública se ha perdido en Colombia.
Qué suspende la urgencia manifiesta
La figura está prevista en la Ley 80 de 1993 y permite prescindir de la convocatoria pública, de los pliegos y de los plazos de evaluación de propuestas. Lo que no suspende es la obligación de justificar el precio, de verificar la idoneidad del contratista y de remitir el expediente a la Contraloría para control posterior inmediato.
En la práctica, el control posterior llega cuando la obra ya se pagó. Por eso la vigilancia en tiempo real —de la ciudadanía, la prensa y los órganos de control— pesa más que nunca.
Las cinco señales de alerta
La experiencia de emergencias anteriores en el país permite anticipar los patrones que anteceden a un escándalo:
1. Contratistas recién creados. Sociedades constituidas semanas antes del desastre que aparecen ganando contratos millonarios de alimentos, carpas o maquinaria.
2. Precios por encima del mercado. Kits de aseo, mercados o alquiler de volquetas facturados muy por encima de la referencia regional. Sin licitación, el precio lo fija la entidad, no la competencia.
3. Intermediación innecesaria. Cadenas de subcontratación en las que el que ejecuta la obra recibe una fracción del valor del contrato original.
4. Anticipos altos sin garantías. Desembolsos por adelantado a contratistas sin pólizas suficientes ni supervisión designada.
5. Falta de publicación. Contratos de emergencia que no aparecen en el sistema público de contratación dentro de los plazos legales.
Un antecedente reciente
El país tiene fresco el caso de la UNGRD, en el que recursos destinados a atención de emergencias terminaron en el centro de un proceso judicial. Ese antecedente es la razón por la que el diseño institucional del nuevo Fondo Milagro —quién lo administra, con qué manual de contratación y con qué veeduría— importa tanto como el monto que reciba.
Qué puede hacer un ciudadano
Todos los contratos estatales, incluidos los de urgencia manifiesta, deben publicarse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Cualquier persona puede consultar el objeto, el valor, el plazo y el nombre del contratista, y presentar una denuncia ante la Contraloría o la Procuraduría si detecta inconsistencias.
Nota editorial
Este artículo describe riesgos estructurales de la contratación de emergencia y no atribuye conducta irregular a ninguna entidad o persona en particular. By Viral 24 hará seguimiento a los contratos de la reconstrucción a medida que se publiquen.
