El ELN lo escribió sin ambigüedades en su comunicado: "se cerró la posibilidad de buscar una solución política". Lo hizo para atribuirse el carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, que dejó un civil muerto y once heridos. Esa frase, y no el estruendo, es la noticia de fondo.

Una cifra que ordena el debate

Colombia acumula 204 atentados con explosivos en 2026. Más de veinte al mes. Cuando un método deja de ser excepcional y se vuelve rutina operativa, el problema ya no es de coyuntura: es de capacidad instalada del Estado para proteger a la población civil en los municipios donde ocurre.

Lo que no puede ser la respuesta

Anunciar una ofensiva es necesario, pero no suficiente. La experiencia de las últimas dos décadas muestra que los picos de acción militar sin acompañamiento judicial, sin desarticulación de las finanzas ilegales y sin presencia civil del Estado producen alivios cortos y retornos rápidos.

Tampoco puede serlo el silencio administrativo. Los municipios afectados necesitan respuestas concretas: reparación de las estaciones y viviendas dañadas, atención a los heridos y desminado de los terrenos contaminados por material sin detonar.

Lo que sí debería exigirse

Tres cosas medibles. Primero, un plan público de protección de estaciones de Policía en municipios pequeños, con plazos. Segundo, resultados judiciales verificables contra las estructuras que financian estas acciones, no solo capturas de ejecutores. Tercero, un reporte periódico y oficial del número de atentados, sus víctimas y su ubicación, para que el país deje de conocer la cifra por los balances de la prensa.

El costo de la ambigüedad

El Gobierno cerró las mesas de la llamada paz total mediante nueve resoluciones y la guerrilla respondió cerrando la suya. Con las dos puertas cerradas, sostener una retórica de negociación futura sin condiciones claras solo genera confusión en las comunidades que viven bajo presión armada.

La alerta de la Embajada de Estados Unidos por riesgo elevado de ataques en el Cesar sugiere que la escalada puede extenderse. La pregunta que el país debería estar haciendo no es si habrá más operaciones, sino cuántas vidas civiles costará la próxima fase y qué está haciendo el Estado hoy para reducir esa cuenta.

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