La implementación del Registro Universal de Ingresos —RUI— abrió una nueva controversia sobre la forma en que el Estado colombiano identifica a las personas que pueden acceder a subsidios, transferencias monetarias y programas sociales.

Desde el 1 de agosto de 2026, miles de ciudadanos comenzaron a consultar su nueva clasificación en la plataforma Ventanilla Social. Algunos usuarios aseguran que fueron ubicados en grupos superiores a los que tenían en el Sisbén, pese a que sus condiciones económicas no habrían mejorado.

La preocupación es especialmente grave entre personas mayores que dependen de programas como Colombia Mayor, no reciben pensión y carecen de ingresos suficientes para cubrir alimentación, medicamentos, vivienda y servicios públicos.

Un llamado ciudadano remitido a By Viral 24 advierte que numerosos adultos mayores podrían quedar en riesgo de perder sus ayudas por una clasificación que no correspondería con sus condiciones reales.

“No se puede castigar a la población mayor con el ánimo de mostrar cifras amañadas para decir que mucha gente salió de la pobreza”.

Sin embargo, al cierre de esta publicación no existe un consolidado oficial que demuestre cuántos adultos mayores fueron reclasificados ni cuántos podrían perder efectivamente sus transferencias.

¿Qué es el RUI y por qué cambió la clasificación?

El Registro Universal de Ingresos fue creado por el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023 para convertirse en el principal instrumento de focalización de la oferta social del Estado.

A diferencia del Sisbén tradicional, basado principalmente en encuestas sobre las condiciones de vida de los hogares, el RUI cruza información procedente de entidades como la DIAN, la Registraduría, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes —PILA—, fondos de pensiones, ministerios y otras bases administrativas.

La finalidad declarada es calcular con mayor frecuencia los ingresos laborales y no laborales de cada hogar y reducir las inconsistencias provocadas por información desactualizada.

El problema aparece cuando los registros administrativos no reflejan la situación económica actual de una persona. Un pago temporal, una transferencia recibida por un familiar, una afiliación a seguridad social, un contrato que ya terminó, la propiedad compartida de un inmueble o la presencia de otro integrante en el núcleo familiar pueden elevar la capacidad económica estimada, aunque el ciudadano no disponga realmente de esos recursos.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostiene que el propósito del sistema es mejorar la focalización y evitar que hogares que sí necesitan apoyo queden por fuera. También afirma que el Sisbén no desaparece, sino que seguirá funcionando como una de las fuentes del Registro Social de Hogares.

Adultos mayores temen quedar por fuera de las ayudas

La clasificación socioeconómica es uno de los insumos utilizados por las entidades para decidir quién ingresa, permanece o sale de programas sociales.

Colombia Mayor está dirigido a personas de edad avanzada que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Por esa razón, aparecer en un grupo considerado no pobre o no vulnerable puede convertirse en un obstáculo para conservar la transferencia, aunque el cambio de clasificación no suspenda por sí solo el pago.

El Decreto 662 de 2026 obliga a las entidades que administran programas sociales a analizar el impacto de la transición, identificar a la población afectada y establecer criterios de ingreso, permanencia y salida. También les exige definir los puntos de corte que utilizarán para cada subsidio.

Esto significa que el RUI entrega la información, pero Prosperidad Social, los ministerios, las alcaldías y las entidades responsables siguen tomando las decisiones sobre cada programa.

El Gobierno asegura que no habrá exclusiones automáticas

Planeación Nacional informó que las personas identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un periodo de transición hasta el 31 de octubre.

Durante esos tres meses, las entidades deberán ajustar sus sistemas, publicar cronogramas, habilitar mecanismos de atención y explicar cómo aplicarán las nuevas clasificaciones.

El DNP aseguró que los beneficiarios actuales no perderán automáticamente sus ayudas por la entrada en funcionamiento del RUI y que no deben solicitar una nueva encuesta únicamente por el cambio de plataforma.

No obstante, esa garantía no elimina la preocupación por lo que puede ocurrir después del periodo de transición. Una vez que cada programa adopte sus nuevos criterios, una clasificación superior podría influir en la permanencia de hogares que actualmente reciben apoyos económicos. Por eso, ciudadanos y familias piden que ninguna exclusión sea ejecutada hasta comprobar individualmente que los datos utilizados son correctos.

La Defensoría ya había alertado sobre reclasificaciones

El temor a que una actualización administrativa afecte a la población vulnerable no es nuevo.

En febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió que una actualización realizada mediante el Registro Social de Hogares había modificado la información de 20,8 millones de personas. Según el análisis conocido entonces, cerca de 1,7 millones podían quedar en riesgo de dejar de recibir subsidios.

La advertencia correspondía a una actualización anterior del Sisbén y no constituye una prueba sobre las consecuencias actuales del RUI. Sin embargo, demuestra que los cambios masivos de clasificación pueden generar afectaciones si no existen canales eficaces de revisión.

La Defensoría también señaló en mayo de 2026 que Colombia Mayor presentaba barreras de acceso, permanencia y pago, especialmente para personas ubicadas en zonas rurales. El organismo solicitó revisar el funcionamiento del programa para evitar vulneraciones a los derechos de la población mayor.

¿El RUI puede utilizarse para manipular las cifras de pobreza?

En redes sociales circula la acusación de que el nuevo sistema habría sido diseñado para reducir artificialmente la cantidad de personas reconocidas como pobres y respaldar el discurso político del Gobierno saliente de Gustavo Petro.

El Registro Universal de Ingresos es un instrumento administrativo para focalizar programas sociales. Las cifras oficiales de pobreza son calculadas y publicadas por el DANE mediante metodologías diferentes.

  • La pobreza monetaria utiliza principalmente información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares —GEIH—, registros administrativos de ayudas y pensiones, y líneas de pobreza calculadas para cada año.
  • La pobreza multidimensional se calcula con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y evalúa privaciones en educación, niñez, salud, trabajo, servicios públicos y condiciones de vivienda.

Por tanto, cambiar a una persona de grupo en el RUI no significa que automáticamente desaparezca de las estadísticas oficiales de pobreza, como lo quiere hacer ver el Gobierno Petro.

Sí podría reducir el número de ciudadanos considerados elegibles para determinados programas. Esa consecuencia administrativa debe ser vigilada porque una menor cantidad de beneficiarios puede ser presentada políticamente como una mejora social, aunque no represente necesariamente un cambio real en sus condiciones de vida.

También población de clase media denuncia en redes sociales que fue clasificada en grupos altos como el D21, pese a ser población informal, desempleada o dedicada al llamado rebusque.

Piden una auditoría antes de retirar cualquier subsidio

El llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, es realizar una revisión urgente de las clasificaciones y evitar que adultos mayores o familias vulnerables sean excluidos por errores en las bases de datos.

Entre las medidas solicitadas se encuentran:

  • Suspender temporalmente los retiros motivados únicamente por la nueva clasificación.
  • Auditar los casos de adultos mayores sin pensión.
  • Comparar los ingresos registrados con la realidad actual del hogar.
  • Permitir reclamaciones presenciales, telefónicas y digitales.
  • Establecer plazos rápidos para corregir información.
  • Informar qué dato provocó el cambio de grupo.
  • Garantizar el debido proceso antes de suspender una ayuda.
  • Publicar el número de personas reclasificadas y los programas que podrían resultar afectados.

El nuevo Gobierno también deberá exigir a cada entidad el análisis de impacto establecido en el Decreto 662 y verificar que los puntos de corte no excluyan a personas cuya vulnerabilidad sigue siendo evidente.

¿Qué puede hacer una persona si la clasificación es incorrecta?

Los ciudadanos pueden consultar su información en la Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación.

Quienes encuentren datos desactualizados o inconsistentes pueden solicitar una revisión a través de esa plataforma, acudir a la oficina del Sisbén de su municipio o presentar una petición, queja o reclamo ante el DNP.

También deben comunicarse directamente con la entidad que administra el beneficio. En el caso de Colombia Mayor, la persona puede dirigirse a la oficina del adulto mayor de la alcaldía municipal o utilizar los canales de Prosperidad Social.

Es recomendable conservar:

  • El certificado anterior del Sisbén.
  • El nuevo certificado del RUI.
  • Comprobantes de ingresos.
  • Certificación de no recibir pensión.
  • Recibos de servicios públicos.
  • Documentos médicos.
  • Contratos terminados.
  • Pruebas sobre cambios en el núcleo familiar.
  • Número de radicado de cada reclamación.

No se puede convertir una base de datos en una sentencia social

Una herramienta tecnológica puede ayudar a detectar ingresos, corregir registros y distribuir mejor los recursos públicos. Pero ningún cruce automatizado debería prevalecer sobre la realidad comprobable de una persona.

Un adulto mayor no deja de ser vulnerable porque un sistema le atribuya ingresos que no recibe o un patrimonio del que no puede disponer.

La transición al RUI deberá evaluarse no solo por su capacidad de procesar millones de registros, sino por la posibilidad real de corregir errores sin suspender ayudas indispensables.

El DNP del Gobierno saliente de Petro reconoció que la Ventanilla Social presentó lentitud e intermitencias por la alta demanda registrada durante los primeros días de funcionamiento.

Por ahora, no está confirmado que miles de adultos mayores hayan sido retirados de Colombia Mayor. Lo que sí existe es una preocupación legítima que las autoridades deben atender antes de que concluya el periodo de transición.

El nuevo Gobierno tendrá la responsabilidad de auditar el sistema, ajustar las clasificaciones equivocadas y garantizar que ninguna persona mayor pierda su sustento por una cifra administrativa que no corresponde con su verdadera situación.