La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si se presentaron irregularidades en los procesos de vinculación de personal, contratación y toma de decisiones dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). La actuación busca determinar si existió un presunto tráfico de influencias asociado a Gabriela Muñoz Olaya, quien ocupó un cargo asistencial en la entidad.

El organismo de control precisó que se trata de una etapa inicial, en la que se recopilan pruebas e identifican posibles responsables antes de definir si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria formal. Hasta ahora no existe una imputación de cargos ni una decisión de responsabilidad contra ninguna persona.

Qué busca establecer la Procuraduría

Según la decisión del Ministerio Público, la indagación revisará si hubo faltas relacionadas con la contratación y el manejo administrativo de la entidad, y en particular:

  • La presunta participación de Gabriela Muñoz en asuntos que, de acuerdo con las denuncias, estarían por fuera de sus funciones.
  • Su posible incidencia en decisiones internas y en reuniones de alto nivel de la Aerocivil.
  • Un eventual tráfico de influencias para favorecer a familiares o personas cercanas con nombramientos o contratos de prestación de servicios.

Los nombres y expedientes que serán revisados

La Procuraduría ordenó recopilar información sobre la vinculación de Gabriela Muñoz Olaya, Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.

El despacho pedirá hojas de vida, actos administrativos de nombramiento, documentos de contratación, soportes de experiencia e información sobre posibles conflictos de interés, con el fin de determinar si existían vínculos familiares o personales y si fueron reportados como lo exige la ley.

Un contrato que habría pasado de $400 millones a $12.000 millones

Otro de los puntos bajo la lupa es un contrato que, según la información conocida, habría sido firmado inicialmente por cerca de $400 millones de pesos y que tras sucesivas modificaciones y adiciones habría alcanzado aproximadamente $12.000 millones.

El organismo de control solicitó los documentos técnicos, jurídicos y financieros que expliquen la necesidad del contrato, sus cambios y las razones que justificaron el aumento del valor.

Las denuncias de Angie Rodríguez encendieron las alertas

Las alertas surgieron tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien mencionó posibles irregularidades en varias entidades del Estado, entre ellas la Aeronáutica Civil. En By Viral 24 registramos sus declaraciones en este informe y las denuncias iniciales sobre la entidad en este seguimiento.

A ello se sumó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien afirmó que al solicitar información sobre la contratación de la Aerocivil recibió documentos incompletos que no permitían revisar en su totalidad las alertas existentes.

Las pruebas ordenadas

Dentro de las primeras actuaciones, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil información sobre:

  • Los contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad.
  • Los nombramientos realizados desde 2025.
  • La participación de Gabriela Muñoz en reuniones institucionales.
  • Los contratos modificados o adicionados.
  • Los procesos adelantados en horarios no laborales.

También serán escuchadas personas como Angie Rodríguez, para que explique sus señalamientos, y funcionarios que puedan aportar información sobre las decisiones administrativas de la entidad.

Presunción de inocencia

By Viral 24 aclara que una indagación previa no equivale a una sanción: es la fase preliminar del proceso disciplinario, orientada a verificar los hechos. Todas las personas mencionadas están amparadas por la presunción de inocencia y por el derecho de defensa y contradicción. Este medio mantiene abiertos sus canales para publicar sus versiones.