El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional los convenios que soportan el nuevo modelo de expedición de pasaportes impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. La decisión se conoció el 3 de septiembre de 2026.
Qué decidió el Tribunal
- Suspensión provisional de los convenios que estructuran el nuevo esquema de producción y entrega de las libretas.
- Orden de garantizar la continuidad del servicio para los ciudadanos que ya tienen citas y trámites en curso.
- Plazo de 20 días hábiles para que las entidades entreguen un informe integral sobre la ejecución del modelo y toda la cadena de producción de los pasaportes.
De acuerdo con El Tiempo, entre las razones citadas por el despacho figuran la falta de experiencia acreditada del operador y la incertidumbre jurídica sobre la ejecución del esquema.
Por qué es relevante para el ciudadano
El pasaporte es un documento de circulación internacional con estándares técnicos exigentes: chip, elementos de seguridad y trazabilidad. Cualquier interrupción en la cadena de producción afecta citas, tiempos de entrega y validez internacional del documento. Por eso el Tribunal condicionó la suspensión a que no se interrumpa la atención.
La Cancillería debe ahora precisar qué ocurre con los trámites radicados, con los contratos de suministro de insumos y con las oficinas regionales que dependen del esquema suspendido.
Un modelo cuestionado desde su origen
El cambio de operador fue una de las decisiones más controvertidas de la administración anterior. Caracol Radio publicó el mismo 3 de septiembre un recuento de las objeciones acumuladas al modelo, que incluyen reparos sobre la experiencia técnica del ejecutor y la forma en que se estructuró la transición.
Semana precisó que la providencia es una medida cautelar: no anula los convenios, pero congela sus efectos mientras el Tribunal estudia el fondo del proceso.
Qué sigue
Las entidades pueden interponer los recursos de ley. Con el informe integral en la mano, el Tribunal decidirá si mantiene, levanta o amplía la suspensión. En paralelo, órganos de control ya adelantan revisiones sobre la contratación de la recta final del gobierno anterior: la Contraloría pidió investigación por los giros ejecutados en las últimas semanas y El Colombiano reveló el 31 de agosto la firma de contratos por cerca de $8.000 millones por parte de 74 funcionarios con inhabilidades.
Lea también: la denuncia sobre contratos firmados por funcionarios inhabilitados.
Esta nota fue elaborada por la redacción de By Viral 24 con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para la organización y verificación de datos, y con revisión editorial humana antes de su publicación. Consulte nuestra política de uso de IA.
