La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió negar una acción de tutela interpuesta contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la que se pretendía censurar sus manifestaciones de fe y participaciones en actos públicos. La decisión judicial cobijó además al Ministerio del Interior y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, tras ratificar que las actuaciones del mandatario no quebrantan el orden constitucional vigente ni el principio de laicidad estatal.

El recurso, radicado por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández, señalaba que los discursos presidenciales, el uso de frases espirituales y la asistencia a ceremonias vulneraban presuntamente los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y la libertad de conciencia. No obstante, en un fallo de fondo sobre las garantías democráticas, la alta corte determinó que las expresiones censuradas no tienen la virtualidad de comprometer la neutralidad institucional ni configuran una adhesión oficial del Estado a un credo específico.

Los argumentos de la Sección Quinta sobre laicidad y neutralidad

El alto tribunal contencioso administrativo profundizó en la concepción del modelo colombiano, precisando que la laicidad consignada en la Carta Política de 1991 no equivale a un Estado ateo o agnóstico. Por el contrario, la providencia indicó que se trata de un régimen de convivencia democrática que reconoce y respeta el fenómeno religioso dentro de la sociedad, siempre que las autoridades no impongan dogmas ni obliguen a la población a profesar una fe.

De acuerdo con la providencia, los altos dignatarios conservan intactas sus garantías ciudadanas. En ese sentido, los magistrados recordaron los precedentes jurisprudenciales relativos a la libertad de expresión y de pensamiento, señalando aspectos fundamentales:

  • Los servidores públicos no pierden sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de expresión al asumir sus funciones.
  • Consignas y frases íntimas de convicción personal, tales como "Viva Cristo Rey", no representan un mandato legal ni obligan a los ciudadanos a una práctica confesional forzosa.
  • La laicidad prohíbe el uso coercitivo del aparato del Estado en favor de una fe, situación que no se configuró en los actos analizados.
  • El respeto por las creencias espirituales de los gobernantes convive de forma armónica con la garantía de cultos para todos los sectores del país.

Este pronunciamiento se suma a las discusiones jurídicas recientes resueltas en el alto tribunal frente a la actividad institucional, en sintonía con otros debates como el que abordó el Consejo de Estado admite la tutela del registrador Penagos contra Petro por sus acusaciones de fraude electoral en materia de garantías y deberes públicos.

Eventos evaluados: de la Plaza de Bolívar a la Sinagoga Beth El

La tutela cuestionaba de manera puntual la intervención de De La Espriella en la denominada "Gran Velatón por Colombia", celebrada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, durante la cual tuvo lugar un acto vinculado con la Virgen de Fátima. Asimismo, el demandante reprochaba la visita oficial del jefe de Estado a la Sinagoga Beth El, en Barranquilla, donde portó una kipá en señal de respeto ceremonial.

Al respecto, la Sección Quinta concluyó que ambos actos contaron con una "justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente". Para el caso de la velatón ciudadana, el tribunal consideró que el evento respondió a un llamado de cohesión social y solidaridad comunitaria frente a diversas tragedias nacionales. Frente a la visita a la comunidad judía, la corporación valoró el gesto como un acto de diplomacia, integración y relacionamiento bilateral propio de la investidura presidencial, descartando cualquier tipo de favoritismo dogmático o proselitismo confesional.

Temeridad procesal y revisión de los recursos públicos

En el curso del examen judicial, el Consejo de Estado también revisó la contratación logística del evento en la Plaza de Bolívar, gestionada a través de las dependencias técnicas y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Los magistrados concluyeron que el uso de los fondos obedeció a requerimientos de producción secular y de divulgación de interés general, descartando desvíos o destinaciones irregulares orientadas al patrocinio de cultos.

Por otro lado, la Sala declaró la temeridad procesal del accionante, al comprobar que Román Camilo Díaz Fernández promovió de manera sucesiva o simultánea demandas idénticas ante diversas instancias judiciales sobre los mismos hechos. La corporación únicamente concedió la protección al derecho fundamental de petición para que se notificara formalmente al actor una contestación administrativa que el Ministerio de las Culturas ya había expedido previamente.

Las discusiones en torno al balance entre la fe de los dignatarios y la solemnidad estatal han tenido antecedentes en corporaciones públicas, tal como ocurrió cuando el senador Honorio Henríquez impugna el fallo por el acto religioso en la posesión, reflejando el constante escrutinio judicial sobre estas ceremonias.

Reacción del mandatario y contexto jurídico

Tras conocerse la notificación de la providencia, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión a través de sus canales oficiales, destacando que el fallo ratifica la compatibilidad entre el ejercicio de la máxima magistratura y la vivencia personal de la fe.

"El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado. Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", expresó el mandatario.

Con este pronunciamiento, el Consejo de Estado ratifica que el ejercicio del poder público bajo la Constitución colombiana admite el reconocimiento de las diversas expresiones culturales y espirituales de la sociedad, blindando la libertad personal del mandatario y consolidando un precedente claro sobre el alcance de la laicidad en la administración nacional.