La Fiscalía General de la Nación prepara una serie de citaciones judiciales dirigidas al embajador Armando Benedetti, al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y a varios antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, como parte de la indagación formal sobre presuntas irregularidades en la contratación de Deyci Jiménez en entidades públicas. La determinación de los investigadores se conoció luego de que Jiménez compareciera ante el ente acusador en una diligencia formal que se extendió durante cerca de 16 horas consecutivas. Las autoridades precisaron que estas convocatorias buscan recopilar testimonios de primera mano dentro de una fase de indagación preliminar, por lo que ninguna de las personas mencionadas se encuentra imputada ni condenada, manteniéndose plenamente vigente el principio constitucional de presunción de inocencia.

Una maratónica declaración de 16 horas y la inspección en el Congreso

El proceso investigativo sobre los vínculos contractuales de Jiménez con diversas dependencias del Estado tuvo un punto de quiebre tras la extensa sesión de casi 16 horas en la que la mujer respondió los cuestionamientos de los fiscales asignados al caso. Según reportó El Universal, el objetivo central de esta diligencia fue reconstruir minuciosamente la ruta cronológica que siguió su currículum vitae y establecer las circunstancias particulares bajo las cuales logró obtener sucesivas vinculaciones laborales en el aparato estatal.

Como parte de las actuaciones de policía judicial, la Fiscalía ordenó una inspección directa a las instalaciones del Senado de la República. El propósito de los peritos es determinar el mecanismo y los canales institucionales mediante los cuales llegó la hoja de vida de Jiménez a la Primera Vicepresidencia del Congreso durante el período legislativo en que la senadora María José Pizarro ocupaba dicha dignidad. Los investigadores buscan verificar si los trámites de recepción, evaluación y archivo de los documentos cumplieron con las disposiciones legales o si mediaron solicitudes extraordinarias para facilitar su contratación.

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, las declaraciones ofrecidas por Jiménez ante la Fiscalía no serán las únicas que deba rendir, ya que su testimonio también tendrá que ser ratificado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así como ante cualquier otro órgano de control del Estado que decida requerir su versión juramentada en expedientes conexos, en sintonía con las indagaciones disciplinarias contra exfuncionarios del cuatrienio anterior.

El paso por los ministerios: Benedetti, Jaramillo y Presidencia

Dentro del listado de personas que la Fiscalía busca escuchar en declaración juramentada figuran figuras de primer orden del anterior Ejecutivo. La inclusión del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo responde a la necesidad de esclarecer el tránsito del currículum de Jiménez por el complejo hospitalario San Juan de Dios. Durante esa etapa, la orientación y administración de dicho centro asistencial dependía del sector liderado por Jaramillo, por lo que el cuerpo técnico de investigación pretende establecer si existieron órdenes directas o sugerencias para formalizar su vinculación laboral en esa dependencia médica.

Por su parte, el llamado a Armando Benedetti se enmarca en la reconstrucción de las redes de recomendación y trámite de personal que operaron en los círculos cercanos a la Casa de Nariño durante la anterior administración. El organismo judicial examina si existió algún tipo de nexo causal entre la relación personal que presuntamente habría existido entre Jiménez y el entonces mandatario Gustavo Petro y la asignación de plazas contractuales remuneradas con recursos del tesoro nacional. Una línea de trabajo fundamental consiste en cotejar los manuales de funciones con los soportes académicos aportados por Jiménez para corroborar si contaba con la idoneidad técnica requerida.

La revisión documental no se limita al sector salud. En el Ministerio del Interior también se rastrean los convenios suscritos por la joven. Dentro de los elementos materiales probatorios analizados por los peritos figura un chat en el que presuntamente se le solicitaba a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), garantizar la permanencia del contrato de Jiménez en dicha cartera ministerial. Asimismo, la Fiscalía posó su atención sobre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante el período en el cual estuvo encabezada por Yenniffer Parra, buscando clarificar cuáles tareas ejecutó efectivamente la contratista y bajo qué justificación contractual fue vinculada.

Garantías de la defensa y la postura judicial

Frente al avance de estas pesquisas, tanto el expresidente Gustavo Petro como su abogado defensor, el penalista Alejandro Carranza, han desestimado de forma categórica cualquier ilegalidad en los procesos de selección de Jiménez. La bancada de la defensa ha insistido ante los medios de comunicación en que las contrataciones no correspondieron a compensaciones de favores personales y han calificado estas acciones judiciales como una maniobra de persecución política dirigida a desgastar su capital público.

Asimismo, los voceros jurídicos del exmandatario han denunciado supuestas presiones indebidas ejercidas sobre funcionarias públicas para inducir testimonios que comprometan la conducta del expresidente con relación a Deyci Jiménez. La Fiscalía, entretanto, ha reiterado que el despliegue de actos investigativos, inspecciones oculares y citaciones testimoniales forma parte de su mandato constitucional de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y no prejuzga la responsabilidad penal de los involucrados.

Qué sigue en la investigación penal

En el marco del nuevo panorama institucional, en el que la administración nacional bajo el mandato de Abelardo De La Espriella ha enfatizado una política de tolerancia cero frente a la opacidad en el manejo de recursos públicos —línea ratificada en sus directrices contra irregularidades en la contratación pública—, los órganos de control avanzan de manera técnica en la consolidación de las pruebas.

En los próximos días, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) completará la inspección informática al teléfono celular de Jiménez para certificar la autenticidad y cadena de custodia de las conversaciones que sostendrían las hipótesis del caso. Posteriormente, el fiscal a cargo procederá a fijar las fechas de las comparecencias de Benedetti, Jaramillo y los demás exservidores, cuyas versiones resultarán determinantes para decidir si se archivan las actuaciones o si, por el contrario, existen fundamentos para formular cargos por presuntos delitos contra la administración pública.