La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa a raíz de las graves denuncias públicas de la exconsejera presidencial Eva Ferrer en contra de Verónica Alcocer, exprimera dama y esposa del expresidente Gustavo Petro. La decisión, formalizada el 13 de octubre, busca esclarecer si funcionarios públicos del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) están implicados en presuntas irregularidades. Además, el Ministerio Público citó a declarar a Ferrer y a cinco exfuncionarios de alto nivel del gobierno Petro, mientras que la Fiscalía también abrió una investigación de oficio por los mismos hechos.

Las denuncias sobre vuelos y dinero ilícito

El origen de la actuación disciplinaria se encuentra en una entrevista que Eva Ferrer concedió a la revista Semana, publicada el 10 de octubre. Según consta en el auto de la Procuraduría, citado por el diario El Tiempo, Ferrer afirmó que Alcocer habría liderado una red que utilizaba un avión oficial para realizar viajes a Venezuela. En dichos desplazamientos, de acuerdo con el relato de la exconsejera, se habrían transportado sustancias ilícitas hacia ese país y se habría ingresado dinero en efectivo a Colombia.

Uno de los señalamientos más específicos, según reportes de prensa, se refiere a un viaje ocurrido en enero de 2023. Ferrer aseguró en la entrevista que en esa ocasión se trajeron a Colombia 2,5 millones de dólares. Según El Tiempo, Ferrer le dijo a la periodista que supo de este hecho a través de un hombre llamado Manel Grau y, al ser preguntada sobre quién trajo el dinero, respondió: “Los trae Verónica”. Las acusaciones también incluyen la supuesta existencia de fotografías que mostrarían a Alcocer descendiendo de una aeronave con maletas que contendrían droga, de acuerdo con lo que Ferrer le dijo a Semana.

Inspecciones a Dapre y Catam, y cinco exfuncionarios citados

Para verificar la veracidad de estas afirmaciones, la Procuraduría ordenó una serie de acciones inmediatas. Según El Tiempo, el organismo de control dispuso una inspección disciplinaria en las oficinas del Dapre para recopilar toda la información sobre los viajes de Alcocer a Venezuela entre 2023 y 2026. La diligencia busca obtener detalles como listas de pasajeros, protocolos de viaje, agendas y los nombres de los funcionarios que organizaron los itinerarios.

De manera simultánea, se ordenó una segunda inspección en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Allí, los investigadores deberán recolectar registros de vuelo, matrículas de aeronaves, órdenes de operación, y los manifiestos de pasajeros y tripulación, con especial interés en un vuelo del 23 de enero de 2023. Además de Eva Ferrer, el Ministerio Público citó a rendir declaración bajo juramento a cinco exfuncionarios, según informó Vanguardia:

  • Carmen Caballero, exdirectora de ProColombia.
  • Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.
  • Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
  • Guillermo Reyes, exministro de Transporte.
  • Ingrid Carolina Plata Navas, exfuncionaria de la Casa de Nariño.

Contexto: los protagonistas del escándalo

Las personas citadas por la Procuraduría ocuparon cargos de alta responsabilidad y tuvieron, según las denuncias, distintos niveles de cercanía con Verónica Alcocer. Angie Rodríguez, quien fue directora del Dapre, era considerada una de las funcionarias más influyentes del gobierno Petro. Tras las revelaciones de Ferrer, Rodríguez respaldó las denuncias en declaraciones a Semana y habló de un presunto “pacto criminal” entre el expresidente y Alcocer.

Íngrid Carolina Plata Navas fue señalada por Ferrer como la persona que coordinaba los vuelos “superconfidenciales” de la exprimera dama a Venezuela, según reportó la misma revista. Por su parte, Concepción Baracaldo llegó a la dirección del ICBF, según ella misma reconoció, por recomendación de Alcocer, quien era su vecina. Ferrer vinculó su posterior salida de la entidad a un supuesto interés de los aliados de la exprimera dama por controlar la institución.

El exministro y exembajador en Suecia, Guillermo Reyes, es otro de los citados. Reyes criticó públicamente la prolongada estadía de Alcocer en Estocolmo, que según ella era para estudiar inglés, afirmando que afectaba la imagen del país, de acuerdo con La Silla Vacía. Finalmente, Carmen Caballero dirigió ProColombia, cargo al que llegó con el impulso de Alcocer, según el mismo medio.

Reacciones y otras investigaciones

Las acusaciones han provocado una tormenta política. Verónica Alcocer ha negado los señalamientos en su contra, y todas las personas mencionadas en este caso se presumen inocentes. El expresidente Gustavo Petro calificó las publicaciones de Semana como “la peor canallada” y, según La Silla Vacía, anunció que sus hijas demandarán al propietario de la revista por afectar su honra. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación de oficio para indagar las posibles conductas delictivas.

Una de las reacciones más notables, reportada por El Tiempo y Vanguardia, provino del presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana iniciar una investigación interna para revisar las actuaciones del personal de Catam. Según las fuentes, advirtió que si se comprueba la participación de miembros de la institución, estos deberán responder ante las autoridades.

Qué viene ahora

La indagación previa abierta por la Procuraduría es una etapa procesal inicial en el derecho disciplinario colombiano. Su objetivo no es sancionar, sino recaudar las pruebas necesarias para verificar si los hechos denunciados realmente ocurrieron, si constituyen una falta disciplinaria y quiénes serían los posibles autores. En esta fase, los investigadores recopilarán los documentos de las inspecciones y escucharán los testimonios de las personas citadas.

Una vez concluida esta etapa, la Procuraduría Delegada para la Instrucción Disciplinaria deberá tomar una de dos decisiones: archivar el expediente si no encuentra mérito para continuar, o abrir una investigación disciplinaria formal contra los funcionarios públicos que resulten presuntamente implicados. Solo en esa etapa posterior se formularían cargos y se llevaría a cabo un juicio disciplinario que podría terminar en una sanción.

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