El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, conocido como Cancillería, ha revelado los resultados preliminares de una exhaustiva auditoría a la contratación heredada de la administración de Gustavo Petro. En un informe divulgado el pasado 5 de octubre, la entidad, ahora bajo la dirección del canciller Omar Bula, detalló patrones de contratación que han despertado alertas. La revisión, que comenzó el 7 de agosto con el cambio de gobierno, examinó 811 contratos de la vigencia 2026, encontrando cientos con objetos idénticos, una concentración de firmas en un solo día y casos atípicos, como un acuerdo por más de $2.800 millones con una duración de apenas dos días.

Principales hallazgos: Contratos duplicados y valores dispares

El núcleo de las observaciones se centra en la duplicidad de funciones y las notables diferencias de costos para servicios aparentemente iguales. Según la información reportada por medios como Portafolio, la auditoría cubrió contratos que suman un valor cercano a los $92.846 millones. De los 811 procesos analizados, los auditores encontraron que 551 presentaban actividades repetidas o muy similares entre sí.

Dentro de este grupo, el hallazgo más llamativo es el de 367 contratos que tienen un objeto contractual exactamente idéntico. A pesar de que el propósito del contrato era el mismo, sus valores registraban diferencias significativas. De acuerdo con la Cancillería, en ciertos casos se identificaron variaciones de hasta cuatro veces en el monto pagado por el mismo trabajo, un patrón que ahora está bajo un análisis más profundo.

La revisión también sacó a la luz lo que la entidad calificó como "casos atípicos". Uno de ellos, documentado por El Colombiano, es un contrato por un valor de $2.839 millones cuyo plazo de ejecución fue de tan solo dos días. Otro caso inusual corresponde a un contrato registrado con un valor de cero pesos, pero con un plazo de vigencia que se extiende hasta el año 2028, según detalló Portafolio.

Contratación masiva justo antes de la Ley de Garantías

Otro de los focos de la auditoría fue el momento en que se suscribieron muchos de estos acuerdos. La Cancillería detectó una concentración inusual de actividad contractual en fechas específicas, particularmente antes de que entraran en vigor las restricciones legales para la contratación pública en periodo preelectoral.

Según los informes, 227 de los contratos auditados se firmaron en un solo día: el 30 de enero de 2026. El valor conjunto de estos acuerdos ascendió a $21.137 millones, lo que, de acuerdo con Portafolio, representa el 28,1% de toda la contratación de la entidad para ese año. La fecha es relevante porque fue el último día hábil antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías, que limita la contratación directa para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.

Además, el análisis reveló que un 53,4% de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de dichas restricciones. La Cancillería también identificó que 101 contratos fueron firmados durante fines de semana, según reportó El Colombiano.

Contexto: Una auditoría forense a nivel nacional

Esta revisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores no es un hecho aislado. Forma parte de una directriz más amplia del actual gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El pasado 29 de agosto, el mandatario ordenó la realización de auditorías forenses en todas las entidades de la administración pública para examinar la gestión y los contratos recibidos del gobierno anterior.

El objetivo de esta iniciativa, según explicó en su momento el presidente, es "identificar inconsistencias, faltantes, posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción". En línea con esta política, otras entidades también han reportado procesos similares. El Colombiano menciona la auditoría integral que acompañó la liquidación del Ministerio de Igualdad, donde se revisaron nóminas, programas y contratos con el objetivo de recuperar recursos públicos. La revisión de la Cancillería es, por tanto, uno de los primeros resultados visibles de este esfuerzo de fiscalización a gran escala.

Lea también: el anuncio de la auditoría forense al Gobierno anterior.

¿Qué viene ahora? El rol de los organismos de control

Los hallazgos de la Cancillería son, por ahora, de carácter preliminar y se encuentran en una etapa de investigación interna, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso de los exfuncionarios involucrados. Sin embargo, ya se han tomado las primeras acciones.

La entidad informó que ha remitido 19 contratos específicos, que suman un valor aproximado de $100.164 millones, a la Contraloría General de la República. La Cancillería aclaró, según El Colombiano, que este monto corresponde al valor total de los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado. Será la Contraloría, como ente de control fiscal, la encargada de determinar si hubo un mal manejo de los recursos públicos y si se configuró un daño al patrimonio del Estado.

Paralelamente, la Cancillería continúa con la verificación documental. Según la gravedad y el sustento de los hallazgos que surjan, los casos podrían ser trasladados a otros organismos. La Procuraduría General de la Nación podría intervenir para establecer responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos, mientras que la Fiscalía General de la Nación asumiría el caso si se identifican elementos que configuren posibles delitos. Por el momento, no se han anunciado sanciones ni imputaciones formales contra ningún funcionario.