Una serie de alertas de control fiscal e indagaciones penales han dejado al descubierto serias inconsistencias en el manejo de los recursos del sector salud durante el gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, emitió una advertencia pública tras evidenciar graves falencias en 22 proyectos de infraestructura hospitalaria valorados en $541.194 millones. En paralelo, la ministra de Salud, Ana María Vesga, reveló el hallazgo de presuntas irregularidades en contratos logísticos que superan los $20.000 millones y ordenó su traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación y a los entes disciplinarios.
La advertencia fiscal: 22 obras hospitalarias bajo la lupa
De acuerdo con el informe revelado por El Tiempo, la Contraloría delegada para el Sector Salud examinó las asignaciones presupuestales realizadas entre 2022 y 2025 para obras hospitalarias en todo el territorio nacional. El universo evaluado por el organismo comprende 163 proyectos que comprometieron recursos por $2,93 billones de pesos. Para este primer corte, el equipo auditor tomó una muestra técnica de 40 intervenciones con un valor de $1,03 billones.
El resultado del análisis encendió las alarmas: en más de la mitad de los proyectos analizados se identificaron circunstancias críticas que comprometen la entrega efectiva de las instalaciones médicas a las comunidades beneficiarias. El ente de control precisó las principales problemáticas identificadas:
- Proyectos en riesgo: 22 obras presentaron situaciones que exigen un seguimiento especial, lo que equivale al 52,77 % del valor de la muestra auditada.
- Alteraciones contractuales: Se registraron modificaciones continuas en el alcance de las obras, aprobación de mayores cantidades y ejecución de actividades imprevistas.
- Desfinanciamiento: Persiste una marcada insuficiencia presupuestal para concluir las estructuras, poniendo en jaque inversiones que ya recibieron giros estatales.
- Trazabilidad deficiente: Se detectaron debilidades sustanciales para constatar la correspondencia entre los giros desembolsados y el avance real de las obras viabilizadas.
El organismo de control enfatizó que la advertencia no constituye por el momento una determinación de daño patrimonial ni un fallo sancionatorio. Los $541.194 millones representan una alerta preventiva para mitigar riesgos, en estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de quienes lideraron la estructuración técnica y contractual en el cuatrienio anterior.
Equipos Básicos en Salud: dudas sobre cobertura y ejecución
El seguimiento adelantado durante el primer semestre de 2026 por el organismo fiscalizador también abarcó la estrategia de atención primaria conocida como Equipos Básicos en Salud. Según el reporte técnico, entre diciembre de 2022 y junio de 2026 se registraron transferencias a 2.917 entidades territoriales e instituciones hospitalarias con asignaciones superiores a los $4,1 billones de pesos, de los cuales se habían girado pagos por cerca de $3,9 billones.
Pese a la cuantía de los desembolsos, la ejecución promedio apenas alcanzó el 65 % en el periodo analizado, con compromisos formales por $1,5 billones, reintegros por $15.402 millones y un saldo sin ejecutar cercano a los $2,4 billones. Asimismo, los auditores reportaron deficiencias en el cargue y consistencia de los datos en plataformas públicas como el SECOP, SIAPS y SISPRO. Las verificaciones preliminares arrojaron indicios de que la cobertura real de estos equipos podría situarse por debajo del 40 % de la población inicialmente proyectada, situación que permanece bajo estudio pericial.
El frente logístico: contratos por más de $20.000 millones
A las advertencias de la Contraloría se sumaron los resultados de una auditoría interna liderada por el Ministerio de Salud bajo la administración de Abelardo De La Espriella. Según informó la ministra Ana María Vesga a través de los canales institucionales de la Presidencia de la República, se detectaron graves inconsistencias en contratos logísticos suscritos entre 2023 y 2026, los cuales totalizan $20.200 millones.
Uno de los casos más críticos corresponde a un contrato firmado el 28 de abril de 2026 por un valor inicial de $1.750 millones para la organización de eventos hasta el final del año. Sin embargo, en menos de dos meses la administración anterior agotó la totalidad del presupuesto asignado y autorizó una adición presupuestal de $490 millones, elevando el valor a $2.240 millones.
Vesga detalló que, al momento del cambio de gobierno el 7 de agosto, se identificaron cuentas pendientes de cobro por $1.798 millones con el visto bueno de la supervisión contractual, pero carentes de los soportes documentales exigidos para demostrar que los servicios y eventos efectivamente se realizaron conforme a la ley. Esta situación de desorden administrativo evoca las irregularidades halladas en otras dependencias del periodo anterior, como las auditorías que revelaron cientos de contratos idénticos en la Cancillería.
Rigor fiscal y traslado a las autoridades judiciales
La ministra de Salud fue enfática en que el actual Gobierno no tolerará manejos opacos en los recursos públicos y subrayó que las evidencias fueron radicadas formalmente ante las autoridades penales y disciplinarias para determinar si existieron conductas sancionables, incluidas las hipótesis sobre un presunto desvío de recursos logísticos hacia actividades de proselitismo político.
“No estamos afirmando que estos hechos ya estén probados. Estamos exigiendo que se investiguen. Por eso hemos trasladado los hallazgos a las autoridades disciplinarias competentes. La plata de la salud no puede manejarse sin controles. Cada peso debe estar justificado y cada servicio debe poder demostrarse”, sostuvo la ministra Vesga.
Esta política de revisión minuciosa y cero permisividad responde a la instrucción trazada por el presidente De La Espriella, quien ha advertido con contundencia que quien toque un peso de los recursos estatales enfrentará a la justicia. En esa misma línea de depuración administrativa, el Ejecutivo confirmó la desvinculación inmediata de una funcionaria en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien permanecía desde el gobierno previo y habría aportado títulos académicos falsificados para su vinculación.
Qué sigue
La Contraloría General continuará durante las próximas semanas con el contraste de soportes contractuales, matrices financieras e inspecciones físicas en los 22 proyectos hospitalarios observados para identificar con precisión qué obras presentan viabilidad técnica o cuáles exigen medidas de rescate presupuestal. El contralor Laverde reiteró que las conclusiones se remitirán en apego a los procedimientos del control fiscal, sin adelantar juicios de responsabilidad.
Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría deberán asumir las denuncias formuladas por el Ministerio de Salud en torno a la contratación de eventos logísticos, llamando a rendir versión a los supervisores e interventores firmantes para determinar si se configuraron delitos contra la administración pública o faltas a la contratación estatal.





