La Contraloría General de la República desplegó un equipo especializado de Policía Judicial en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en Bogotá, con el fin de examinar de manera minuciosa la gestión administrativa, los procesos contractuales y la ejecución de los recursos públicos de la entidad durante los últimos tres años, período que comprendió la administración del expresidente Gustavo Petro. El procedimiento fue solicitado formalmente por el actual director general del organismo, Fray Ricardo Torres Castro, en coordinación con el contralor general, Jorge Laverde, con el objetivo de esclarecer presuntas inconsistencias en el manejo del presupuesto formativo. Como corresponde en el marco de las actuaciones preliminares del control fiscal, todas las personas mencionadas e involucradas en los procesos auditados cuentan con el amparo de la presunción de inocencia, pues la apertura de estas inspecciones no constituye una condena ni una determinación formal de culpabilidad.
La presencia de los investigadores del organismo de control fiscal se produce en un momento en que el Ejecutivo nacional ha priorizado la transparencia y el cuidado riguroso de cada peso destinado a la formación técnica de los colombianos. Mientras las autoridades judiciales e investigativas avanzan en la revisión de los convenios del trienio anterior, la administración central ha defendido la protección de las finanzas de la institución educativa, línea que coincide con el aumento del presupuesto para el SENA y la educación impulsado por el gobierno de Abelardo De La Espriella para asegurar que las partidas lleguen efectivamente a los aprendices y a las regiones sin desvíos indebidos.
Doce protocolos forenses para rastrear la contratación
El grupo asignado a la recolección de material probatorio pertenece a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General. De acuerdo con lo explicado por Álvaro Arias, coordinador de Policía Judicial de dicha dependencia, el trabajo en las instalaciones del SENA se ejecutará aplicando doce procedimientos preestablecidos en los protocolos del organismo de control, todo dentro de un plan operativo que se mantiene bajo estricta reserva legal.
Según detalló Arias durante una rueda de prensa, entre las diligencias técnicas que adelantarán los peritos de la Diari se encuentran:
- Inspecciones técnicas a lugares físicos y dependencias administrativas clave de la entidad.
- Recolección y análisis de imágenes forenses en equipos de cómputo y servidores institucionales.
- Realización de entrevistas a funcionarios y contratistas relacionados con las áreas de gasto.
- Aseguramiento y recolección de elementos materiales probatorios en evidencia física y documental.
Respecto a la duración de estas tareas en la capital de la República, el funcionario precisó que el cronograma dependerá exclusivamente de los hallazgos y del tiempo que requieran los expertos para procesar la información. "En el marco de las funciones de Policía Judicial venimos a desarrollar un plan de trabajo en el cual vamos a implementar los doce procedimientos que nosotros tenemos preestablecidos", señaló Arias, al tiempo que remarcó que las conclusiones se elaborarán a partir de análisis estrictamente técnicos.
Alertas en Boyacá y dificultades de acceso documental
La intervención del ente de control fiscal no surgió de manera fortuita. De acuerdo con los antecedentes del caso expuestos por El Tiempo, la solicitud de acompañamiento institucional fue promovida por el director general del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, a raíz de graves alertas que comenzó a detectar desde que asumió las riendas de la entidad. Uno de los llamados de atención más notorios ocurrió el 9 de octubre, fecha en la que Torres pidió indagar presuntos cobros indebidos exigidos a contratistas en Chiquinquirá y otras poblaciones del departamento de Boyacá, sumado a denuncias ciudadanas sobre una supuesta utilización con fines políticos de la entidad en esa región.
A partir de estos hechos, la dirección general ordenó una auditoría especial para la Regional Boyacá e invitó públicamente a los colaboradores y a los ciudadanos a aportar evidencias a través de los canales institucionales. No obstante, al intentar profundizar en la verificación interna, la administración se topó con barreras operativas complejas. La entidad cuenta con una estructura descentralizada con múltiples ordenadores del gasto y funcionarios encargados de autorizar partidas presupuestales en diversas dependencias, lo que complicó el acopio oportuno de los soportes contractuales.
Frente a esos obstáculos para reunir expedientes completos, Torres resolvió acudir directamente a la Contraloría General de la República para que la Diari actuara in situ con sus facultades de Policía Judicial, evitando dilaciones y asegurando la obtención de copias forenses y documentos originales sin depender de los tiempos de auditorías internas intermedias.
La Directiva Presidencial 04 y el cerco a las irregularidades
Las actuaciones que hoy se concentran en las oficinas centrales del SENA se articulan con las disposiciones emanadas desde la Casa de Nariño. Específicamente, el procedimiento se fundamenta en la Directiva Presidencial 04, expedida el pasado 7 de octubre de 2026, mediante la cual el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a todas las entidades del Estado redoblar los mecanismos de fiscalización sobre la contratación estatal, con un énfasis particular en las obligaciones suscritas y ejecutadas durante el gobierno anterior.
Esa directiva presidencial fijó parámetros imperativos para las oficinas de control interno del sector público, obligándolas a:
- Comprobar rigurosamente que cada contrato se encuentre amparado por los requisitos de ley.
- Verificar que los bienes y servicios pactados efectivamente hayan sido prestados y entregados a satisfacción.
- Constatar que los pagos desembolsados correspondan con exactitud a labores demostrables y cumplidas.
- Levantar actas de constancia documental y dar traslado urgente a los organismos de control cuando surjan indicios de inconsistencias.
Esta política de control administrativo complementa otros ejercicios de revisión en el sector público, tales como las auditorías sobre contratos de la administración anterior que han identificado patrones similares de contratación en diversas dependencias ministeriales. Asimismo, el propio mandatario nacional había alertado semanas atrás sobre posibles irregularidades contractuales en la regional del SENA en Córdoba, advirtiendo que la institución debía ser blindada contra cualquier manejo inapropiado.
Qué sigue en el proceso de verificación
Por el momento, los investigadores de la Diari mantienen sus labores en la sede del SENA bajo reserva legal, recopilando expedientes, testimonios e información digital sobre la ejecución de los recursos asignados a la formación para el trabajo entre 2023 y 2026. La institución educativa reiteró en un comunicado público que la transparencia en el manejo del tesoro público es una prioridad absoluta y ratificó su disposición total de colaborar con los delegados de la Contraloría.
Una vez concluya el procesamiento de las evidencias físicas y digitales, la Contraloría General determinará si los hechos denunciados configuran hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, penal o fiscal. En caso de hallar indicios de responsabilidad fiscal, el organismo abrirá los procesos de responsabilidad correspondientes para buscar el resarcimiento de los dineros públicos, siempre respetando las garantías procesales y el derecho a la defensa de los funcionarios y contratistas que estuvieron al frente de las órdenes de gasto en el trienio bajo investigación.





