El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, normativa con la que el Estado colombiano formaliza un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales y el restablecimiento del orden público. La iniciativa, que sustituye el modelo de negociación política previo, fue aprobada en sesiones simultáneas por el Senado y la Cámara de Representantes antes del vencimiento de la Ley de Orden Público. La norma establece incentivos penales condicionados que incluyen rebajas de hasta el 50 % de las condenas ordinarias únicamente para quienes colaboren de manera efectiva y comprobable con la justicia.
El texto oficial, compuesto por 28 páginas, modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997. De acuerdo con la Presidencia de la República, la legislación combina el accionar de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación con un esquema de rendición voluntaria, tanto individual como colectiva, sin reconocer estatus político a los grupos delincuenciales ni crear jurisdicciones judiciales especiales.
Un proceso estructurado en dos fases sucesivas
El artículo tercero de la Ley 2640 estipula que los procesos de sometimiento colectivo se desarrollarán a través de dos etapas obligatorias: una fase administrativa ante delegados del Gobierno Nacional y una fase de judicialización bajo la órbita exclusiva de la justicia ordinaria. La ley surgió luego de meses de debates legislativos, tras el trámite que inició cuando el Gobierno radicó con mensaje de urgencia la ley de sometimiento para sustituir las anteriores mesas de diálogo.
En la primera etapa, los delegados del Ejecutivo recibirán un acta formal con la relación pormenorizada de la estructura armada: mandos, combatientes, áreas de operación, arsenal, financiadores, redes de apoyo y bienes vinculados a economías ilegales. Este periodo administrativo tendrá un límite de tres meses, prorrogable una sola vez por un lapso idéntico mediando justificación sustentada. Posteriormente, los jueces de la República asumirán el expediente para tasar responsabilidades penales individuales, tasar la verdad aportada y fijar los compromisos de reparación a las víctimas.
Requisitos estrictos, entrega de bienes y desarme
Para ingresar y permanecer dentro del tratamiento penal diferenciado, los integrantes de los grupos armados deberán cumplir siete condiciones concurrentes. La norma exige la dejación total del armamento, municiones y explosivos, la suspensión inmediata de cualquier conducta delictiva y la identificación plena de todos sus miembros. Del mismo modo, es obligatorio entregar a personas secuestradas, víctimas de trata y menores de edad reclutados, además de facilitar coordenadas para ubicar a personas desaparecidas.
El artículo 15 de la ley es taxativo: cualquier ocultamiento voluntario de información respecto a personas dadas por desaparecidas provocará la revocatoria inmediata de los beneficios. Asimismo, los postulados deberán transferir sus activos ilícitos para reparar a los afectados y cooperar en labores operativas en terreno, tales como el desminado humanitario, la erradicación de cultivos de uso ilícito y la recuperación ecológica de áreas degradadas por la extracción ilícita de minerales.
Topes de rebajas punitivas y exclusiones expresas
El régimen de penas consagrado en el artículo 16 contempla una rebaja punitiva de hasta el 50 % de la pena acumulada para los combatientes rasos que suministren aportes decisivos en verdad, reparación y desarticulación de redes criminales. Para quienes hayan ejercido labores de mando o cabecillas en la organización, el beneficio máximo será de hasta un 30 %. En espacios de opinión política y jurídica se ha planteado que mediante la ley de sometimiento el Estado vuelve a poner las condiciones frente a las estructuras ilegales.
La legislación incorporó líneas rojas infranqueables aprobadas por el Congreso:
- Extradición: no se suspenderán órdenes de captura con fines de extradición ni se concederán tratamientos preferenciales a solicitados por tribunales extranjeros.
- Reclutamiento de menores: quienes registren condenas previas por reclutamiento ilícito no podrán acceder al marco de sometimiento.
- Reincidencia en reclutamiento: los actores armados que recluten menores tras la vigencia de esta norma verán reducido su beneficio a un tope de apenas 10 % para cabecillas y hasta 30 % para miembros sin rango de mando.
- Privación efectiva de la libertad: las medidas y penas se cumplirán en centros de arraigo transitorio, colonias agrícolas o cárceles productivas bajo estricta restricción de la libertad.
Transformación territorial y reparación a las víctimas
El artículo 13 crea la Transformación Territorial Integral (TTI), definida como una estrategia de articulación estatal orientada a copar los vacíos institucionales dejados por las bandas desarticuladas. La intención, según reportó El Tiempo, es evitar que nuevas estructuras se apropien de las rutas del narcotráfico o de la extorsión en zonas rurales y cascos urbanos vulnerables.
En materia de víctimas, el artículo 20 instruye la creación de un programa de reparación administrativa y confiere prioridad a las comunidades en la adjudicación de bienes decomisados. A su turno, el artículo 21 consagra nueve garantías procesales, entre ellas la intervención directa en audiencias, el aporte de material probatorio y la reserva de identidad con enfoque psicosocial reforzado en casos de violencia sexual. El tránsito a la legalidad estará supervisado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con programas de capacitación técnica del SENA en sectores como la agricultura sostenible, la pesca artesanal y el ecoturismo.
Respaldo legislativo y críticas de la oposición
El trámite legislativo culminó tras un intenso debate parlamentario en el que ambas cámaras concertaron un texto espejo para sortear la comisión de conciliación antes del límite temporal. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, celebró la sanción presidencial y afirmó que la corporación brindó plenas garantías con más de 77 intervenciones, subrayando que la ley garantiza que el Estado no se doblegue ante las exigencias de organizaciones criminales.
Por su parte, congresistas de la oposición expresaron duros reparos al procedimiento y al contenido de la iniciativa. Según informó El Espectador, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, calificó la aprobación parlamentaria como apresurada y denunció que se cerraron los caminos para una salida negociada al conflicto armado. Becerra advirtió además que, a su juicio, la norma otorga beneficios penales excesivos a patrimonios ilícitos y concentra facultades en el Ejecutivo mientras relega la participación directa de las víctimas en los acuerdos iniciales.
Qué sigue para la aplicación de la norma
Con la sanción presidencial formalizada por Abelardo De La Espriella y la firma de sus ministros de despacho, la Ley 2640 de 2026 entrará en vigencia inmediata una vez se surta su publicación en el Diario Oficial. A partir de ese momento, el Ministerio de Justicia asumirá la secretaría técnica y la vigilancia operativa del sistema, con el mandato legal de radicar anualmente ante el Congreso de la República un informe detallado sobre índices de criminalidad, menores desvinculados, hectáreas desminadas y bienes monetizados para la reparación.





