El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó formalmente en el Congreso de la República, este martes 13 de octubre, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que constituye la primera gran apuesta de su agenda legislativa. La iniciativa fue presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, con un mensaje de urgencia para acelerar su trámite. El texto, identificado como Proyecto de Ley 433 de 2026, busca crear un marco para que grupos armados organizados se acojan a la ley a cambio de beneficios judiciales, como rebajas de hasta el 50% de la pena si contribuyen al desmantelamiento de sus propias organizaciones.

Ejes de la nueva política de sometimiento

La propuesta del Ejecutivo establece un camino para la rendición de cuentas de organizaciones criminales, pero con condiciones estrictas y sin reconocimiento político. De acuerdo con la información publicada por medios como El Tiempo y Pulzo, el beneficio principal es una rebaja de hasta el 50% de la pena acumulada para los miembros rasos de las estructuras que se acojan. Sin embargo, para los cabecillas o líderes, la reducción máxima será del 30%, y su condena final no podrá ser inferior a 10 años de prisión, según detalló Pulzo.

El proyecto también contempla, según El Tiempo, que las penas puedan cumplirse en establecimientos alternativos como "centros de arraigo transitorios", colonias agrícolas o cárceles productivas. Adicionalmente, se proponen otros mecanismos para reducir la condena, como el descuento de un día de pena por cada dos días de trabajo o por cada día de participación en programas de desminado, erradicación de cultivos ilícitos o justicia restaurativa, de acuerdo con lo reportado por Pulzo.

"El proyecto de ley de acogimiento (...) busca crear un marco normativo que permita a personas y estructuras el sometimiento a la ley", explicó el ministro Rodrigo Lara.

Contexto: El fin de la 'Paz Total' y la urgencia legislativa

La radicación de esta ley marca un punto de quiebre con la política de "Paz Total" del gobierno anterior. El medio Cambio informó que la nueva administración justificó la iniciativa citando un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en datos del Ministerio de Defensa, que indica que los grupos armados casi duplicaron su pie de fuerza entre diciembre de 2022 y julio de 2026, pasando de aproximadamente 15.120 a cerca de 28.800 integrantes. En consecuencia, el proyecto deroga explícitamente los artículos de la Ley 2272 de 2022 que sustentaban la 'Paz Total'.

La urgencia del Gobierno para tramitar esta ley se debe a que las normas vigentes de orden público, contenidas en la Ley 418 de 1997, expiran el próximo 4 de noviembre, según reportaron varios medios. Sin un nuevo marco jurídico, el Estado quedaría sin herramientas legales para gestionar el sometimiento de estructuras criminales. La propuesta actual busca prorrogar y modificar dicha ley, que ha sido la base de los procesos de paz en el país durante décadas. Desde el Ejecutivo, han descrito esta iniciativa como la "zanahoria", que se complementará con el "garrote": un estatuto antiterrorista que se presentará en los próximos días, según El Tiempo.

El proceso de acogimiento: Fases y diferencias clave

A diferencia de la política de su predecesor, el nuevo modelo no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de los trámites de extradición mientras duren los acercamientos, un punto destacado por el portal Cambio. El proceso de sometimiento propuesto se dividiría en dos fases claras.

La primera es una fase administrativa, con una duración máxima de tres meses prorrogables, en la que el grupo interesado debe manifestar su voluntad de someterse, entregar un listado de sus miembros, deponer las armas, liberar a secuestrados y a menores reclutados, e informar sobre la ubicación de personas desaparecidas. La segunda fase es de carácter judicial, en la que la Fiscalía General de la Nación y los jueces determinarán la responsabilidad penal individual de cada persona. Para ello, El Tiempo informó que se propone la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía, con apoyo de la Dijín y el CTI, para investigar y judicializar a quienes se sometan.

Libertad condicional y otros puntos del articulado

El proyecto, que según El Tiempo consta de 22 artículos, detalla condiciones específicas para acceder a beneficios como la libertad condicional. La regla general, de acuerdo con dicho medio, es que se pueda solicitar tras cumplir las cuatro quintas partes de la pena y con el aval de las víctimas. No obstante, este plazo podría reducirse a dos quintas partes si el condenado colabora eficazmente en la búsqueda de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de los nexos de la organización con redes políticas y de corrupción.

Uno de los puntos más específicos, según lo reportado por Cambio, es la derogación de la norma que prohíbe otorgar beneficios a condenados por reclutamiento de menores. El Gobierno argumenta que esta prohibición general podría impedir el desmantelamiento de estructuras, proponiendo a cambio un análisis individualizado y con control judicial. Adicionalmente, el proyecto incluye una disposición que permitiría al Ministerio del Interior realizar contrataciones directas para compras reservadas del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), una medida que, según el Ejecutivo, busca agilidad por razones de seguridad y ya existe para el sector Defensa.

¿Qué viene ahora? Trámite y panorama en el Congreso

Al haber sido radicado con mensaje de urgencia, el proyecto de ley será estudiado de manera conjunta por las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, lo que acelera significativamente su debate. El Gobierno confía en su aprobación antes de que finalice el año legislativo, respaldado por una coalición que, según reportes, suma 186 curules.

La aprobación de esta ley es fundamental para la estrategia de seguridad del presidente De La Espriella, que busca combinar una postura firme contra la criminalidad con una puerta abierta para el sometimiento a la justicia. De convertirse en ley, la norma tendría una vigencia de diez años, trascendiendo el actual periodo presidencial, como lo señaló el medio Cambio. El siguiente paso del Ejecutivo será la radicación del anunciado estatuto antiterrorista, que completará el marco legal de su política de seguridad.

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