Mientras el Gobierno redacta el decreto de emergencia económica por el terremoto, el Congreso entra en una posición incómoda: no vota la declaratoria, pero tiene herramientas para revisarla, modificarla y pedir cuentas.
Qué puede y qué no puede hacer el Legislativo
El artículo 215 de la Constitución es claro. El Gobierno declara la emergencia y expide decretos con fuerza de ley sin trámite previo en el Congreso. Pero el Legislativo conserva tres facultades: examinar el informe motivado que el Ejecutivo debe presentarle, derogar o modificar los decretos expedidos durante la emergencia —en cualquier tiempo y por mayoría— y ejercer control político mediante citaciones y debates.
Además, la Corte Constitucional revisa automáticamente tanto la declaratoria como cada decreto. Es decir, el control es doble: político y judicial.
Una legislatura ya cargada
La emergencia llega sobre una agenda legislativa llena. En las primeras semanas de la legislatura 2026-2027 los congresistas radicaron 291 proyectos de ley: 139 en Senado y 152 en Cámara, según El Espectador.
A eso se suman 161 proyectos que venían con trámite de la legislatura anterior, de acuerdo con Asuntos Legales. El mismo medio recuerda un dato incómodo: en la última legislatura solo se aprobó el 1,4% de las iniciativas radicadas.
El riesgo de la avalancha
Con la emergencia, es previsible una nueva ola de proyectos "de reconstrucción" que compitan por el mismo tiempo de comisiones. La experiencia sugiere que la mayoría no llegará a votación y que los avances reales dependerán de los decretos y del presupuesto, no de las leyes ordinarias.
El debate que viene
El punto de fricción previsible es el alcance del decreto. Si el articulado incorpora medidas tributarias permanentes o reformas estructurales, la oposición y varios sectores independientes anunciarán control político inmediato y demandas ante la Corte. Si se limita a instrumentos de gasto, contratación ágil y alivios focalizados, el margen de conflicto será menor.
