El Congreso de la República instaló su periodo constitucional 2026-2030 el pasado 20 de julio y en pocas semanas ya acumula cerca de 70 proyectos de ley y actos legislativos radicados, un volumen que anticipa un semestre legislativo intenso.

Reforma tributaria: el debate central

Entre las iniciativas más relevantes figura un proyecto de reforma tributaria radicado en Cámara, que buscaría ajustar el recaudo en un escenario de presión fiscal, inflación por encima de la meta y tasas de interés altas. La discusión definirá buena parte del margen de maniobra del gobierno entrante.

Fracking, energía y otros frentes

También llegaron proyectos sobre exploración de yacimientos no convencionales (fracking), seguridad, salud y reformas al funcionamiento del Estado. Cada uno abre frentes de negociación entre las bancadas que respaldan al presidente electo y los partidos que anuncian independencia u oposición.

Un Congreso con nuevas mayorías

La composición del legislativo cambió tras las elecciones de marzo y la definición presidencial de junio. El reto del gobierno entrante será construir coaliciones estables para tramitar sus prioridades sin depender de acuerdos coyunturales.

El primer termómetro será la discusión del presupuesto y el trámite de urgencia que el Ejecutivo decida imprimir a sus proyectos bandera.

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Qué camino recorre un proyecto de ley

Un proyecto radicado debe surtir cuatro debates —comisión y plenaria en cada cámara—, además de la conciliación cuando los textos aprobados difieren, y la sanción presidencial. Los que no completan el trámite en dos legislaturas se archivan. Por eso el número de proyectos radicados al inicio de un periodo dice poco sobre cuántos se convertirán en ley.

Cómo hacerle seguimiento

Cada proyecto tiene un número de radicación y una ponencia publicada en la Gaceta del Congreso, que es el registro oficial del trámite legislativo y permite verificar quién lo presentó, qué se aprobó y en qué debate está.

Los temas de mayor impacto

Una reforma tributaria define de dónde saldrán los ingresos del Estado y qué sectores asumirán la carga; una decisión sobre técnicas de extracción de hidrocarburos compromete la política energética y ambiental de largo plazo. Ambos debates suelen concentrar el mayor esfuerzo de cabildeo del año legislativo.

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