El presidente Abelardo De La Espriella ordenó frenar de manera inmediata la asignación de sueldos superiores a los 30 millones de pesos mensuales en el Fondo Milagro, al considerar que dichos montos contradicen de forma abierta los lineamientos de disciplina fiscal de su administración. La determinación se suma a un paquete integral de contención del gasto que incluye un recorte de 267.000 millones de pesos en la Presidencia de la República, la no renovación de más de un millar de contratos de prestación de servicios y restricciones severas sobre viajes oficiales y pauta publicitaria. Con estas medidas, el Ejecutivo busca sanear las finanzas públicas, desmontar privilegios salariales y garantizar que los recursos estatales se destinen de manera prioritaria a la inversión social y la reconstrucción nacional.
Freno fulminante a la nómina directiva del Fondo Milagro
La controversia alrededor del Fondo Milagro se desató luego de que se hicieran públicos los valores salariales de su planta directiva a través de un derecho de petición tramitado por la congresista Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico. Los documentos revelaron que la nómina mensual de la entidad representaba un desembolso cercano a los 756 millones de pesos, estructurada bajo contratos a término indefinido que asignaban al gerente general, el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe, una remuneración mensual de $39.441.454. Asimismo, el director jurídico, el secretario privado, el director financiero, el director de ingeniería y el director de planeación tenían asignaciones individuales de 36 millones de pesos, mientras que 14 coordinadores devengaban 33 millones de pesos cada uno, además de líderes y analistas con sueldos que oscilaban entre 11 y 18 millones de pesos.
Apenas conoció la estructura de pagos, el presidente De La Espriella desautorizó de forma tajante las asignaciones y ordenó reversar las decisiones administrativas de inmediato. De acuerdo con RTVC Noticias y Semana, el jefe de Estado advirtió a través de sus canales oficiales que la coherencia entre el discurso y la acción gubernamental no es negociable, subrayando que ningún colaborador cuenta con estabilidad asegurada si adopta disposiciones contrarias a la política de austeridad.
"Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato", manifestó el mandatario, quien enfatizó que en su administración todos los funcionarios permanecen en permanente período de prueba.
El Fondo Milagro fue concebido para administrar recursos públicos y privados orientados a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Aunque la entidad dispone de un presupuesto aprobado de $624.656 millones para intervenciones de urgencia y ha ejecutado $7.440 millones en demoliciones e interventorías en ciudades como Cali y Pereira, el mandatario dejó claro que la premura de las obras no justifica erogaciones desmedidas en burocracia, especialmente cuando se busca optimizar los recursos canalizados a través del Fondo Milagro hacia las poblaciones damnificadas.
Tijera al presupuesto de funcionamiento de la Casa de Nariño
El ajuste en el organismo de reconstrucción es solo una de las piezas del plan de choque financiero implementado desde la Casa de Nariño. Según datos de la Presidencia de la República citados por Semana, el Ejecutivo concretó una disminución de 267.000 millones de pesos en los gastos de su propio sector. De dicha cifra, cerca de 192.000 millones de pesos corresponden a rubros de funcionamiento e inversión directa de la Presidencia, mientras que los restantes 75.000 millones de pesos fueron suprimidos del presupuesto asignado al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
Esta reducción impacta directamente a varias agencias adscritas que durante administraciones anteriores registraron un crecimiento desbordado en sus costos operativos. Entre las entidades sometidas a revisión presupuestal y de nómina se encuentran:
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- La Agencia de Renovación del Territorio (ART).
- La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
- La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia).
- La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim).
Como muestra de la política de reducción burocrática, la Presidencia opera actualmente con solo el 58 % de sus plazas ocupadas, manteniendo activos únicamente 586 de los 1.018 cargos existentes en su planta oficial de personal, lo que evita la contratación innecesaria de asesores y personal de apoyo administrativo.
Restricción a comisiones internacionales y veto a la autopromoción
En el marco de las directivas emitidas a todas las dependencias del orden nacional, el mandatario dispuso medidas estrictas para erradicar lo que calificó como gastos suntuosos habituales en el pasado. El Gobierno ordenó priorizar las plataformas virtuales para el desarrollo de reuniones de trabajo y comités, con el fin de evitar desplazamientos terrestres y aéreos que graven el erario. En aquellos casos excepcionales donde la presencia física de funcionarios en eventos internacionales resulte estrictamente indispensable, las solicitudes deben ser evaluadas y autorizadas de manera individual por el jefe de Despacho, Nicolás Gómez. Asimismo, se estableció como norma de obligatorio cumplimiento que todos los tiquetes aéreos al exterior se adquieran exclusivamente en clase económica.
En materia de comunicaciones y publicidad estatal, el presidente prohibió el uso de dineros públicos para enaltecer, autopromocionar o denigrar la imagen de funcionarios, así como el financiamiento encubierto de perfiles individuales en redes sociales o estructuras partidistas. Esta instrucción busca corregir el direccionamiento injustificado de recursos que se presentó en el cuatrienio previo, línea que coincide con las investigaciones sobre gastos en propaganda y contratos de difusión institucional que dejaron exhaustas varias carteras del Estado.
Reducción de contratistas y ahorro en la Agencia de Tierras
La depuración de nóminas paralelas heredadas también comenzó a mostrar resultados en entidades descentralizadas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) certificó un ahorro de 22.224 millones de pesos entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, producto de la desvinculación de 1.040 personas tras el vencimiento de sus contratos de prestación de servicios. De acuerdo con los balances oficiales de la entidad, el gobierno anterior había vinculado a casi 9.400 contratistas bajo esta modalidad, esquema que representaba un gasto desproporcionado frente a la capacidad de operación técnica del sector agropecuario.
Qué sigue
El Gobierno nacional confirmó que en las próximas horas se expedirán las resoluciones y actos administrativos que fijarán los nuevos topes salariales para el Fondo Milagro, ajustados a las escalas ordinarias del sector público, al tiempo que se analiza la permanencia de los directivos que avalaron la escala inicial de remuneraciones. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda y el DAPRE continuarán auditando las estructuras de costos de los ministerios y entidades adscritas para consolidar una reducción sostenida del gasto corriente de cara a la ejecución presupuestal de los próximos años.





