Tras un prolongado periodo en el que Colombia experimentó con la idea de que los grupos armados ilegales se sentarían a negociar si el Estado les ofrecía primero su confianza, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha radicado esta semana en el Congreso un proyecto de ley de sometimiento. La iniciativa, presentada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, busca marcar un punto de inflexión radical frente a la política de “Paz Total” del gobierno anterior, devolviéndole al Estado la capacidad de imponer las condiciones para la desmovilización de las estructuras criminales.

La fallida estrategia previa, que incluyó la suspensión de operaciones ofensivas y la apertura de mesas de diálogo con una multitud de actores armados, tuvo como resultado, según se ha evidenciado en las regiones más apartadas, un fortalecimiento de estas organizaciones, con un aumento documentado de la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y el control territorial. La nueva propuesta parte de una premisa opuesta y, a mi juicio, mucho más sensata: la autoridad del Estado no es un elemento negociable.

Un Giro de 180 Grados Frente a la "Paz Total"

El proyecto de ley representa un cambio fundamental en la filosofía de la seguridad nacional. Abandona la noción de diálogos políticos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos de alto impacto, para establecer un carril estrictamente judicial. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue enfático en que la iniciativa busca crear un marco para el sometimiento a la justicia, y de ninguna manera se otorgará estatus político a estos grupos. Esto cierra la puerta a la ambigüedad que permitió a muchas estructuras criminales presentarse como actores con motivaciones ideológicas para obtener ventajas.

Según declaraciones del ministro Lara recogidas por ese mismo medio, la propuesta combina "una posición muy firme de orden público" con la entrega de un marco normativo claro para el acogimiento. Se trata, en esencia, de la estrategia descrita desde el Ejecutivo como la "zanahoria y el garrote". Esta ley es la zanahoria, una salida jurídica estructurada, mientras que el garrote, un estatuto antiterrorista que se presentará próximamente, reforzará la capacidad coercitiva del Estado.

La "Zanahoria": Beneficios Condicionados y Estrictos

A diferencia de procesos anteriores, los beneficios contemplados en el proyecto no son un regalo, sino una contraprestación directa por una colaboración verificable y efectiva. El texto de la ley, compuesto por 22 artículos, detalla un sistema de incentivos que busca el desmantelamiento real de las redes criminales. Según ha trascendido, los principales beneficios son:

  • Reducción de penas: Los miembros de las estructuras que se sometan podrán acceder a una rebaja de hasta el 50 % de la pena acumulada. Sin embargo, para los cabecillas, el tope máximo de reducción será del 30 %, reconociendo su mayor grado de responsabilidad.
  • Colaboración efectiva: Estas rebajas están condicionadas a la entrega de información útil para desarticular la organización, incluyendo datos sobre rutas del narcotráfico, estructuras financieras, ubicación de otros integrantes y redes de apoyo.
  • Penas alternativas: El articulado contempla la posibilidad de cumplir las sentencias en "centros de arraigo transitorios", colonias agrícolas o cárceles productivas, modelos que buscan una resocialización diferente al sistema penitenciario tradicional.
  • Libertad condicional escalonada: De acuerdo con la propuesta, se podrá acceder a la libertad condicional tras cumplir las cuatro quintas partes de la pena y con el aval de las víctimas. Se establece un incentivo adicional: si se contribuye de manera eficaz a la búsqueda de personas desaparecidas, a la verdad, a la reparación y al esclarecimiento de nexos con la política o la corrupción, este beneficio podría otorgarse al cumplir dos quintas partes de la condena.

El mensaje es contundente: quien quiera un beneficio, debe ayudar de verdad a la justicia y a las víctimas. Quien no lo haga, no recibirá ninguna concesión.

Un Estado que negocia su autoridad termina negociando también la seguridad de sus ciudadanos.

Contexto: El Andamiaje Jurídico y Operativo

Para materializar esta política, el proyecto no solo ofrece beneficios, sino que también fortalece la institucionalidad. Según la información del proyecto de ley citada por El Tiempo, se propone la creación de una Unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la Nación, dedicada exclusivamente a la investigación y judicialización de quienes se acojan a este marco. Esta unidad contará con el respaldo de equipos técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), asegurando que el Estado tenga la capacidad para procesar los casos y verificar la información entregada.

Es importante señalar que esta iniciativa busca prorrogar y modificar la Ley 418 de 1997, la norma que históricamente ha servido de base para las políticas de paz y sometimiento en Colombia. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el gobierno actual le imprimen un carácter de firmeza que contrasta con el uso que se le dio durante la "Paz Total". Además, un detalle clave, mencionado en el proyecto, es que mientras se tramita el sometimiento de una estructura, no se suspenderán las órdenes de captura ni los procesos de extradición. La presión militar y policial continúa, convirtiendo la ley en una puerta de salida, no en una pausa para que los criminales se reorganicen.

Qué Viene Ahora: Presión en el Terreno y Trámite en el Congreso

La radicación del proyecto con mensaje de urgencia, según informó El Tiempo, implica que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara deberán estudiarlo de manera conjunta y prioritaria. El Legislativo tiene una gran responsabilidad, pues las normas de orden público vigentes expiran el próximo 4 de noviembre, y el país no puede permitirse un vacío legal en esta materia. Se espera un debate intenso, pero el punto de partida es el correcto.

Mientras tanto, la fuerza pública ya ha mostrado un cambio de enfoque en el terreno. Las cifras de los primeros meses del actual gobierno, con más de 32.000 capturas y 125 toneladas de cocaína incautadas, además de golpes de alto valor como la captura de alias ‘La Morocha’ y el rescate de cinco menores en Caquetá, demuestran que la presión operativa es la base de esta nueva estrategia. La ley de sometimiento no reemplaza esa ofensiva, sino que la complementa, ofreciendo una salida jurídica para quien, sintiendo el peso del Estado, decida abandonar el camino del crimen. El debate sano en el Congreso es bienvenido, pero la premisa fundamental no debería cambiar: primero la ley, después los beneficios. Nunca al revés.

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