Hay decisiones que determinan si un proyecto político entra a la historia o termina absorbido por las mismas prácticas que prometió derrotar. La controversia alrededor de Carlos Suárez no es un asunto menor ni una simple disputa de nombres: es la primera gran prueba de independencia del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La presión atribuida a Álvaro Uribe y a sectores del Centro Democrático para apartar a Suárez del círculo más cercano al presidente electo no puede interpretarse únicamente como una recomendación política. Detrás de esa exigencia se libra una batalla por el control, la orientación y el carácter del nuevo Gobierno.

Carlos Suárez no representa un cargo más. Para millones de ciudadanos, simboliza la estrategia, la firmeza y la ruptura que hicieron posible una victoria que transformó el mapa político colombiano. Sacarlo para satisfacer a las viejas estructuras sería enviar una señal equivocada antes de comenzar a gobernar: que los mismos de siempre todavía pueden imponer condiciones desde afuera.

¿A quién le pertenece realmente la victoria?

Frente a quienes intentan presentarse como propietarios del triunfo, es necesario recordar de dónde surgieron los cerca de 13 millones de votos que llevaron a Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

¿Cuántos de esos votos pertenecen realmente al uribismo tradicional? ¿Cuántos fueron producto de las estructuras del Centro Democrático? ¿Y cuántos llegaron precisamente porque los ciudadanos encontraron una alternativa distinta a los partidos que durante décadas administraron la derecha colombiana?

La elección demostró que la representación del sentimiento patriótico y de amplios sectores inconformes cambió de manos. La antigua hegemonía dejó de ser incuestionable y apareció un liderazgo con identidad propia, capaz de movilizar a ciudadanos que ya no se sentían representados por las cúpulas tradicionales.

La mayoría no votó para rescatar a un partido en decadencia, proteger los intereses de un apellido o devolverles protagonismo a dirigentes que no supieron interpretar el momento nacional. Votó por una ruptura.

Votó por una propuesta que prometió no arrodillarse ante los poderes tradicionales. Votó por un liderazgo que enfrentó a la burocracia, desafió las imposiciones partidistas y construyó una fuerza política por fuera de los viejos acuerdos.

Por eso, la legitimidad del nuevo Gobierno no depende de agradarle a Uribe, recibir la aprobación del Centro Democrático o satisfacer a quienes prefirieron negociar con sus adversarios antes que reconocer la aparición de un nuevo liderazgo.

La verdadera obligación es con los millones de colombianos que depositaron su confianza en un proyecto independiente.

Gobernar para los “nunca”

Este Gobierno no llegó al poder para administrar los privilegios de las élites partidistas. Llegó gracias a los “nunca”.

  • A quienes nunca fueron escuchados por el poder central.
  • A quienes nunca recibieron soluciones de la política tradicional.
  • A quienes nunca se sintieron representados por los acuerdos entre congresistas, directorios y familias políticas.
  • A quienes nunca habían participado con entusiasmo porque estaban cansados de votar por opciones que prometían cambios y terminaban repartiendo los mismos cargos entre los mismos sectores.

Ese es el verdadero mandato de las urnas.

La incomodidad de los partidos no puede convertirse en la prioridad del nuevo Gobierno. Si la respuesta de las estructuras tradicionales es bloquear reformas, imponer condiciones o amenazar con obstáculos en el Congreso, habrá que dar el debate.

No se puede gobernar con miedo a incomodar a quienes perdieron la capacidad de interpretar al país.

La fuerza del nuevo proyecto no nació en los salones privados ni en las reuniones burocráticas. Nació en las regiones, en las calles, en las redes y en una ciudadanía que exigió carácter.

Ceder no sería prudencia

Algunos intentarán presentar una eventual salida de Carlos Suárez como un gesto de conciliación o gobernabilidad. No lo sería.

Ceder frente a presiones externas antes de comenzar el mandato sería demostrar que las antiguas élites todavía conservan poder de veto sobre las decisiones del presidente electo.

No sería prudencia. Sería debilidad.

Tampoco sería una decisión exclusivamente administrativa. Sería una señal política de enorme alcance: el mensaje de que el Gobierno puede sacrificar a quienes construyeron la victoria para calmar a quienes no la hicieron posible.

Un proyecto que comienza entregando a sus figuras estratégicas termina perdiendo su identidad. Primero se exige la salida de un asesor; después se condicionan los nombramientos; más adelante se imponen cuotas, contratos, agendas legislativas y decisiones de Gobierno.

Así comienza la captura burocrática de los gobiernos que prometieron cambiarlo todo.

Carlos Suárez representa algo más grande

La discusión no debería reducirse a simpatías personales. Carlos Suárez representa la posibilidad de que el nuevo Gobierno conserve el rumbo que lo llevó al poder.

  • Representa una estrategia que no pidió permiso a las estructuras tradicionales.
  • Representa la capacidad de construir una narrativa propia.
  • Representa la decisión de disputar el liderazgo político sin aceptar tutelas.

Y, sobre todo, representa la idea de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no tiene que convertirse en una extensión de ningún partido ni en un rehén de dirigentes que todavía creen tener derecho a decidir quién puede acompañar al presidente.

Mantenerlo no significa cerrar las puertas al diálogo. Significa establecer límites.

Dialogar no es obedecer. Construir mayorías no es entregar la independencia. Gobernar no consiste en satisfacer los egos de quienes se niegan a aceptar que el poder político cambió.

La primera gran decisión del Tigre

El caso de Carlos Suárez se ha convertido en la primera prueba de carácter del nuevo Gobierno.

Abelardo de la Espriella debe decidir si mantiene la autonomía que lo llevó a la Presidencia o si permite que las viejas estructuras comiencen a determinar la composición y orientación de su administración.

De esa decisión dependerá mucho más que la permanencia de una persona. Estará en juego la credibilidad del proyecto, la confianza de sus votantes y la posibilidad de gobernar sin las cadenas de la política tradicional.

Los 13 millones de votos no fueron un cheque en blanco para regresar al pasado. Fueron una orden de cambio.

Ceder ante los apetitos burocráticos sería defraudar ese mandato. Defender la independencia sería demostrar que la victoria no fue simplemente electoral, sino también histórica.

El Gobierno del Tigre debe comenzar como prometió: sin tutelas, sin chantajes y sin pedirle permiso a la vieja política.

Ni un paso atrás.

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