Una investigación periodística de la revista Semana reveló testimonios, audios, conversaciones de WhatsApp, tiquetes y movimientos bancarios que señalarían a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero como intermediarias en supuestas gestiones para obtener contratos públicos. Los cobros habrían incluido anticipos millonarios y porcentajes sobre proyectos adjudicados.
Un nuevo escándalo de presunta corrupción golpea al Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días en el poder. La publicación señala a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica de participar en una supuesta estructura que cobraba dinero a empresarios a cambio de gestionar contratos en diferentes entidades del Estado.
El material divulgado incluye testimonios de tres personas que aseguran haber participado en las negociaciones, conversaciones de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones y tiquetes aéreos. Las evidencias periodísticas describen supuestas gestiones relacionadas con proyectos de vivienda, acueductos, cámaras de seguridad y reuniones con funcionarios públicos.
Presunción de inocencia. Las acusaciones todavía deberán ser verificadas por la Fiscalía y los organismos de control. La publicación de chats o testimonios no constituye por sí sola una sentencia judicial contra las personas mencionadas.
¿Cómo habría funcionado la presunta red?
De acuerdo con la investigación, las hermanas Guerrero habrían ofrecido a empresarios acceso a funcionarios y posibles contratos en los ministerios del Interior y de Vivienda. El supuesto esquema contemplaba diferentes tarifas:
- Un millón de pesos por gestionar reuniones.
- Un anticipo de hasta 200 millones de pesos.
- El pago del 10 % del valor de los proyectos que fueran adjudicados.
- Cobros adicionales por cada municipio beneficiado.
Según los denunciantes, Juliana Guerrero habría sido la encargada de realizar contactos y gestiones dentro del Gobierno, mientras Verónica mantenía informados a los empresarios sobre el avance de los proyectos.
Un hombre identificado como David Trespalacios habría recibido inicialmente parte del dinero. Posteriormente, algunos pagos habrían sido enviados directamente a cuentas relacionadas con las hermanas Guerrero.
Empresarios aseguran haber entregado más de $600 millones
Las personas que entregaron información a la revista afirmaron que pagaron en conjunto más de 600 millones de pesos, pero que los proyectos prometidos nunca fueron adjudicados.
Uno de los empresarios reportó haber entregado inicialmente 53 millones de pesos, distribuidos entre pagos en efectivo y transferencias bancarias. Entre los movimientos publicados aparecen consignaciones por cinco millones, diez millones y otros montos menores.
En uno de los mensajes divulgados se habría indicado cómo distribuir parte del dinero entre cuentas asociadas con Verónica Guerrero, Juliana Guerrero y personas cercanas a su círculo. La investigación también muestra una conversación en la que un empresario informó haber enviado cinco millones de pesos a un número suministrado para que Juliana Guerrero verificara el ingreso del dinero.
Contratos de vivienda y un acueducto en Cesar
Uno de los proyectos ofrecidos habría sido la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar con recursos del Ministerio de Vivienda. Los empresarios también habrían recibido ofrecimientos relacionados con planes de mejoramiento de viviendas en diferentes municipios y con la instalación de cámaras de seguridad financiadas por el Ministerio del Interior.
Según los chats, Verónica Guerrero aseguraba que Juliana estaba realizando gestiones con funcionarios del Gobierno para acelerar los proyectos. La investigación menciona al entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, como uno de los funcionarios cuyo nombre aparecía en las conversaciones. Sin embargo, el material publicado no demuestra por sí solo que el exviceministro hubiera participado en pagos ilegales o conociera la presunta red.
Las entidades mencionadas en los chats
- Ministerio de Vivienda.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Igualdad.
- Ministerio de Ambiente.
- Fiduagraria.
- Fondo Colombia en Paz.
- Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Agencia Nacional de Tierras.
- Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
En algunos mensajes, Verónica Guerrero habría hablado de intervenir en nombramientos, defender funcionarios y gestionar la liberación de recursos.
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, había señalado anteriormente que Juliana y Verónica Guerrero participaban en decisiones dentro de entidades públicas sin ser funcionarias. Esa declaración forma parte de los testimonios publicados, pero deberá ser contrastada por las autoridades con documentos y declaraciones oficiales.
Empresarios denuncian que no recibieron los contratos
Los denunciantes aseguran que, pese a los pagos realizados, ninguno de los proyectos prometidos llegó a sus manos. Uno de ellos habría reclamado directamente a Juliana Guerrero la devolución de aproximadamente 70 millones de pesos enviados a cuentas vinculadas con ella y con su hermana.
De acuerdo con el chat publicado, Juliana respondió que hablaría con Verónica y que no tendría inconveniente en devolver el dinero. El empresario aseguró que después no recibió una solución definitiva.
Juliana Guerrero también enfrentará un juicio por sus títulos
Estas revelaciones aparecen pocos días antes de la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero por el caso de los títulos académicos que habría utilizado para intentar posesionarse como viceministra de las Juventudes.
La Fiscalía la acusa de los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El ente investigador sostiene que habría presentado diplomas sin cumplir los requisitos académicos correspondientes. Guerrero no aceptó los cargos y se declaró inocente. La audiencia de acusación fue programada para el 5 de agosto de 2026. Este proceso es independiente de las nuevas denuncias relacionadas con la supuesta gestión de contratos.
Fiscalía y organismos de control deberán investigar
El caso plantea interrogantes sobre la posible utilización de contactos políticos para intervenir en la contratación pública y sobre el acceso que personas sin cargos oficiales habrían tenido a ministerios y entidades estatales. Las autoridades deberán determinar:
- Si las conversaciones y audios son auténticos.
- Quiénes recibieron el dinero.
- Si existieron ofrecimientos reales de contratos.
- Si algún funcionario participó en las gestiones.
- Si los proyectos mencionados fueron radicados o financiados.
- Si hubo tráfico de influencias, cohecho, estafa o lavado de activos.
- Qué relación existía entre las hermanas Guerrero y las personas que recibieron los pagos.
Las revelaciones representan una grave denuncia periodística, pero será la justicia la encargada de establecer responsabilidades individuales y determinar si existió una red organizada para apropiarse o negociar ilegalmente recursos públicos.
