La Contraloría General de la República adelanta una rigurosa auditoría sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por contrataciones suscritas durante la administración de Gustavo Petro, con un paquete de revisiones prioritarias que alcanza los $20.783 millones. El órgano de control fiscal notificó al actual director de la entidad, Jorge Andrés Zuluaga, sobre observaciones de alto impacto que incluyen un presunto detrimento patrimonial derivado de un software de biometría que no entró en operación, además de deficiencias estructurales en infraestructura y retrasos en sistemas de contrainteligencia. Las actuaciones del organismo supervisor recuerdan que las investigaciones en curso se desarrollan bajo el principio de presunción de inocencia mientras se recaudan las pruebas de rigor.

El proceso fiscal cobró mayor fuerza luego de que denuncias periodísticas de Noticias Caracol expusieran supuestas irregularidades operativas y administrativas en la agencia durante el cuatrienio anterior. Frente a este panorama, el contralor general, Jorge Eliécer Laverde, ordenó desplegar una vigilancia especial para verificar si los fondos reservados y los presupuestos de inversión se administraron con apego a las normas de contratación pública. Esta revisión de cuentas coincide con la firme directriz del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, cuya administración ha reiterado una política de cero tolerancia frente a desvíos de recursos y plena colaboración con los entes de control, en línea con las advertencias de que quien toque un peso de los colombianos termina preso.

Los tres hallazgos de la auditoría financiera a la DNI

De acuerdo con un documento oficial revelado por El Tiempo, suscrito por John Francisco Cuesta Peña en calidad de supervisor de auditoría de la Contraloría, existen tres observaciones de consideración en la vigencia fiscalizada. La primera de ellas, catalogada como la Observación 18, aborda presuntas fallas en la calidad de los estudios y diseños del edificio F10 de la Sede Operativa Definitiva de la entidad, localizada en el municipio de Funza, Cundinamarca.

Esa consultoría inicial se pactó a través del Contrato 044 de 2023 con la firma Supreme Construcciones S.A.S. por más de $362 millones. Aunque el ejecutor de la obra, Molek Ingeniería y Diseño S.A.S., asumió los planos en enero de 2024, la ejecución física demandó modificaciones sobre la marcha que debieron contemplarse desde la etapa preliminar. La Contraloría detectó ajustes en la resistencia del concreto, el engrosamiento de muros de 10 a 15 centímetros y sustituciones imprevistas en las redes sanitarias. Durante una inspección realizada el 28 de octubre de 2026, los auditores constataron vibraciones anómalas en las escaleras principales y soportes globales de obra que carecían de precisión geográfica, configurando una presunta falta disciplinaria por deficiencias de planeación.

Por su parte, la Observación 19 examina el Contrato 043 del 24 de noviembre de 2025, suscrito con el Grupo de Consultoría de Informática (GCI) por $1.155.620.900. La meta consistía en implementar un sistema integral de información e interoperabilidad para procesar datos de contrainteligencia. El cronograma original vencía a finales de 2025, pero acumuló dos prórrogas hasta abril de 2026. Pese a que un informe de supervisión reportó más del 90 % de avance físico, los auditores comprobaron que la plataforma no estaba finalizada ni operaba, situación atribuida a debilidades de estructuración que impidieron articular la información institucional.

El contrato ABIS: presunto daño patrimonial por $580 millones

El punto más crítico identificado por el organismo fiscal corresponde a la Observación 20, la cual califica un presunto daño patrimonial directo contra el Estado por $580.000.000. Dicho monto corresponde a la totalidad del valor cancelado en el marco del Contrato 053 del 7 de octubre de 2022, firmado con la empresa Protactics S.A.S. para adquirir e instalar el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), junto con sus licencias y capacitaciones.

Según la información recopilada por El Tiempo, la DNI desembolsó la totalidad del dinero en enero de 2023 tras certificarse un cumplimiento formal del 100 %. Sin embargo, la Dirección de Inteligencia Estratégica (DINTE), área destinataria del desarrollo, alertó que la herramienta jamás funcionó en el terreno práctico. El sistema presentó constantes fallas en la captura de huellas dactilares y nunca se integró con el Sistema Integrado de Información de Inteligencia (SIIC).

Los inspectores de la Contraloría verificaron que el aplicativo se encontraba confinado de manera aislada en quince teléfonos iPhone 14, sin registro alguno de consultas o cotejos biométricos válidos. Peor aún, los encargados técnicos admitieron desconocer el paradero del servidor central. La agencia no inició reclamos formales ante el contratista, dejó vencer las pólizas de garantía sin ejecutar acciones legales y omitió la liquidación del negocio jurídico, cuyo plazo legal expiró en junio de 2025. El ente fiscalizador advierte que el pago por un servicio inoperante y la falta de salvaguarda de los recursos públicos sustentan la posible responsabilidad fiscal y disciplinaria.

Revisión prioritaria de cinco negocios por $20.783 millones

Más allá de la auditoría regular, el contralor general Jorge Eliécer Laverde activó un rastreo urgente sobre otros contratos de gran envergadura suscritos por la DNI en la era Petro, tras denuncias que señalaron el supuesto uso de capacidades estatales para vigilar a figuras de la oposición y coordinar maniobras encubiertas. Según reportó El Colombiano, este paquete contractual comprende cinco líneas de compra estratégica por $20.783 millones:

  • Aeronave no tripulada: adquisición de un helicóptero táctico por cerca de $9.000 millones, contrato en el cual se indagan las especificaciones técnicas y un siniestro ocurrido en marzo de 2026.
  • Escudos antidrones: compra de tres sistemas de neutralización electrónica valorados en aproximadamente $8.340 millones para verificar si cumplen las necesidades operacionales.
  • Parque informático: adquisición de 595 computadores corporativos que presentan reportes sobre supuestos defectos de calidad y rendimiento técnico.
  • Dotación de instalaciones: contratos de mobiliario para las dependencias de Funza por unos $1.549 millones, bajo sospecha de sobrecostos en los estudios de mercado.
  • Plataforma biométrica: la revisión integral del contrato de identificación previamente cuestionado por inoperatividad.

El contralor general enfatizó que las consideraciones de seguridad nacional no eximen a las entidades del estricto cumplimiento de la ley contractual ni de la transparencia presupuestal. Este escrutinio a convenios del pasado gobierno se suma a otras revisiones profundas que hoy adelantan las autoridades en distintas carteras, como las auditorías en las que la Cancillería halló contratos idénticos en la gestión anterior.

Garantías procesales y qué sigue en el caso

La Contraloría otorgó a la Dirección Nacional de Inteligencia un plazo improrrogable de cuatro días hábiles para suministrar las aclaraciones documentales y ejercer formalmente el derecho de defensa y contradicción. La actual dirección de la agencia, encabezada por Jorge Andrés Zuluaga bajo la presidencia de De La Espriella, ha manifestado su disposición de brindar total acceso a los archivos clasificados para esclarecer el destino de los dineros públicos.

Las conclusiones definitivas de estas indagaciones determinarán si se formulan cargos fiscales individuales contra los exordenadores del gasto de la DNI, entre ellos el exdirector Jorge Lemus. Por ahora, las diligencias continúan en fase de recolección probatoria, garantizando el debido proceso a los presuntos implicados mientras los organismos de control delimitan el alcance del impacto económico sufrido por la inteligencia estatal.