Bogotá. La compra de los 17 aviones de combate Gripen E/F contratados durante el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo frente judicial. Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicita suspender de manera inmediata la ejecución financiera y presupuestal de la operación mientras se esclarecen aspectos relacionados con su financiación, cronograma de pagos y costo financiero.
La adquisición de los nuevos cazas fue formalizada en 2025 para reemplazar la envejecida flota Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El Gobierno ha confirmado oficialmente que el programa contempla 17 aeronaves Gripen E/F, además de armamento, logística, entrenamiento y capacidades de guerra electrónica. El Ministerio de Defensa ha estimado el valor de la adquisición en alrededor de 16 billones de pesos, con pagos distribuidos durante siete años.
La presentación de la acción popular no significa que el contrato haya sido suspendido ni que un juez haya determinado que exista alguna irregularidad. Se trata de una solicitud que deberá ser evaluada por el Tribunal.
Acción popular pide detener los desembolsos
Según la información conocida sobre la demanda, el recurso fue presentado por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez y está dirigido contra varias entidades del Estado, entre ellas la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
La acción invoca la protección de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el patrimonio público.
Entre sus principales pretensiones está que el Tribunal ordene la suspensión inmediata y total de la ejecución del contrato, incluyendo desembolsos, giros, autorizaciones relacionadas con vigencias futuras y otros actos de naturaleza contractual, presupuestal o financiera.
El objetivo planteado por el demandante es que dichos movimientos permanezcan detenidos mientras se establece públicamente cuál es el mecanismo específico de financiación de la compra, el costo financiero total de la operación y los intereses proyectados.
Solicitan una medida cautelar de urgencia
Además de la decisión de fondo, el accionante pidió una medida cautelar de urgencia con la que pretende que la operación sea detenida provisionalmente mientras el Tribunal estudia el proceso.
En concreto, solicita que la Fuerza Aeroespacial y los ministerios de Defensa y Hacienda suspendan cualquier desembolso, giro o acto de ejecución financiera relacionado con la adquisición que pueda realizarse mientras se resuelve la controversia.
Uno de los argumentos planteados en la acción está relacionado con la situación fiscal del país y con la necesidad, según el demandante, de conocer con precisión el impacto que tendrá la operación sobre las finanzas públicas.
Esos argumentos corresponden a la posición del accionante y todavía deben ser examinados por la justicia.
El centro de la controversia: la información financiera
La discusión judicial tiene como uno de sus puntos centrales el acceso a documentación financiera y presupuestal.
De acuerdo con la acción, Rodríguez presentó derechos de petición ante diferentes entidades buscando conocer información sobre las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos y de costo-beneficio, documentos contractuales y soportes relacionados con las vigencias futuras y las autorizaciones fiscales.
Parte de esa información no habría sido entregada debido a las reservas existentes sobre documentación relacionada con defensa y seguridad nacional.
El demandante sostiene que debería diferenciarse entre aquella información que contiene capacidades militares sensibles y los datos estrictamente presupuestales o financieros que, a su juicio, podrían ser de conocimiento público.
Aval fiscal, Conpes y vigencias futuras
Según lo señalado en la acción popular, entre los antecedentes presupuestales de la operación aparecen un aval fiscal del Confis, actuaciones del Departamento Nacional de Planeación, documentos Conpes y autorizaciones relacionadas con vigencias futuras.
El accionante pretende que el Gobierno revele, entre otros elementos, las condiciones de pago, el calendario de desembolsos, la estructura de financiación, los intereses proyectados y los documentos que fundamentaron las decisiones presupuestales adoptadas para concretar la adquisición.
Si el Tribunal decide no suspender completamente el contrato, la demanda plantea una pretensión alternativa: detener aquellos desembolsos, giros o vigencias futuras que todavía no se hayan perfeccionado.
¿Cuánto cuestan los 17 Gripen?
La operación involucra mucho más que la entrega física de 17 aviones.
El Ministerio de Defensa explicó en diciembre de 2025 que el programa comprende los Gripen E/F nuevos, armamento, soporte logístico, entrenamiento y capacidades asociadas de guerra electrónica. La cartera señaló entonces que el valor era de aproximadamente 16 billones de pesos, pagaderos durante siete años.
Por su parte, una publicación institucional de Presidencia informó en noviembre de 2025 que el acuerdo para la adquisición de los 17 cazas se había situado en 16,5 billones de pesos.
Las cifras pueden responder a la forma en que cada comunicación contabiliza componentes y condiciones del programa, por lo que no deberían interpretarse automáticamente como valores directamente comparables sin revisar el contrato y sus anexos.
El Gobierno defiende la transparencia del proceso
El Ministerio de Defensa ha defendido públicamente la adquisición.
En diciembre de 2025, el entonces ministro Pedro Sánchez sostuvo que la selección del Gripen fue el resultado de más de una década de evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas y aseguró que en el proceso participaron organismos como Confis, Conpes, Hacienda y Planeación Nacional.
La cartera también informó que puso la documentación contractual a disposición de la Contraloría General y la Procuraduría, bajo protocolos de confidencialidad para aquella información sometida a reserva por razones de seguridad nacional.
El Gobierno ha señalado igualmente que la operación incluye cooperación industrial y transferencia tecnológica, además de componentes de compensación económica y social.
La decisión ahora está en manos del Tribunal
La presentación de la acción popular abre un proceso judicial, pero no implica por sí misma la paralización de la compra de los Gripen.
Será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que determine, en primer lugar, si existe fundamento para conceder la medida cautelar solicitada y detener provisionalmente desembolsos o actuaciones relacionadas con el contrato.
Posteriormente deberá estudiar las pretensiones de fondo y los argumentos tanto del demandante como de las entidades estatales involucradas.
Hasta que exista una decisión judicial, la solicitud de suspensión debe entenderse como una pretensión presentada ante la justicia y no como una orden ya impartida contra el contrato.
