El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) adjudicó un contrato por 88 millones de pesos a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, abogado que ha representado judicialmente al presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento contractual divulgado públicamente, el proceso aparece identificado como DAPRE-CDPACC-2026, fue celebrado mediante contratación directa y tiene una duración de seis meses, con fecha de terminación prevista para el 31 de diciembre de 2026.
La adjudicación se conoció a pocas semanas del relevo presidencial del 7 de agosto y generó cuestionamientos de sectores de oposición sobre la conveniencia de comprometer recursos y servicios que se extenderán durante los primeros meses del nuevo Gobierno.
¿Cuál es el objeto del contrato?
Según la información del proceso, Carranza Cepeda prestará servicios profesionales al Dapre con autonomía técnica y administrativa. Sus funciones incluyen apoyar la elaboración y estructuración de informes requeridos por organismos de control, así como proyectar análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos relacionados con asuntos del despacho de la Dirección o Secretaría General de la Presidencia.
- Valor estimado total: $88.000.000 (aprox. $14,6 millones mensuales).
- Duración: 6 meses.
- Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026.
- Modalidad: contratación directa, servicios profesionales y apoyo a la gestión.
- Código UNSPSC: 80111600 — Servicios de personal temporal.
Andrés Forero cuestionó la adjudicación
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, divulgó los documentos y criticó que el contrato fuera adjudicado cuando faltaban aproximadamente dos semanas para el cambio de Gobierno.
"A dos semanas del cambio de Gobierno, el Dapre le da un contrato de $88 millones por seis meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes", escribió el congresista.
La afirmación sobre una supuesta "degradación de lo público" corresponde a la valoración política de Forero. Hasta el momento, la documentación conocida muestra la existencia, cuantía, duración y objeto del contrato, pero no demuestra por sí sola una irregularidad legal.
¿Quién es Pedro Alejandro Carranza Cepeda?
Carranza Cepeda es abogado y ha actuado como apoderado especial de Gustavo Petro en procesos judiciales recientes.
El 7 de julio de 2026 radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en representación del mandatario contra Carlos Alonso Lucio López por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas.
En esa acción, la defensa de Petro sostuvo que Lucio presentó como hechos ciertos varias conductas atribuidas al presidente que no habían sido declaradas judicialmente. La condición de Carranza como representante judicial del mandatario es uno de los elementos utilizados por la oposición para cuestionar la oportunidad y conveniencia política del contrato otorgado por una entidad adscrita a la Presidencia.
El contrato continuará durante el próximo Gobierno
Aunque el contrato fue adjudicado por el Dapre durante la administración de Gustavo Petro, su plazo se extenderá hasta finales de diciembre de 2026. Esto significa que, salvo terminación anticipada, modificación o decisión administrativa posterior, Carranza Cepeda continuaría prestando sus servicios durante casi cinco meses del Gobierno que asumirá el 7 de agosto.
El caso abre preguntas sobre los compromisos contractuales celebrados por el Gobierno saliente durante la etapa final de su mandato y sobre la posibilidad de que la nueva administración revise su necesidad, ejecución y continuidad.
¿Existe alguna irregularidad?
Por ahora, no se conoce una decisión de un organismo de control o autoridad judicial que declare ilegal el contrato. La contratación directa de servicios profesionales está permitida en Colombia bajo determinadas condiciones. Sin embargo, las entidades deben justificar la necesidad, idoneidad, valor y duración de cada contrato, además de cumplir los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
La controversia se concentra en tres elementos:
- La cercanía del contratista con el presidente Gustavo Petro.
- La fecha de adjudicación, poco antes del cambio de Gobierno.
- La duración del acuerdo, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
Corresponderá al Dapre explicar los criterios utilizados para seleccionar al contratista y demostrar que el servicio responde a una necesidad institucional debidamente sustentada.
Oposición pide explicaciones al Dapre
El pronunciamiento de Forero se suma a los cuestionamientos sobre contratos, nombramientos y decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del Gobierno saliente. Hasta el momento de publicación de este artículo, no se conocía una respuesta pública detallada del Dapre frente a las críticas formuladas por el senador.
