El Consejo de Estado admitió para su estudio una acción de tutela interpuesta por el registrador nacional, Hernán Penagos, en contra del expresidente Gustavo Petro. La acción legal, presentada a título personal y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, responde a una serie de publicaciones en las que Petro, cuando aún ejercía como presidente, habría acusado a la organización electoral de cometer un fraude en las elecciones presidenciales de 2026. Según informó La Silla Vacía, el alto tribunal notificó al exmandatario y le otorgó un plazo de tres días, a partir de la notificación, para presentar su defensa y rendir un informe sobre los hechos que motivaron la tutela.

Los argumentos del registrador contra Petro

En el recurso judicial, Hernán Penagos argumenta que las declaraciones del entonces presidente vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, así como el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, tanto para él como para la institución que dirige. La tutela identifica un total de 14 publicaciones realizadas en la cuenta de X de Gustavo Petro y una intervención durante un Consejo de Ministros transmitido el 14 de julio de 2026, como los eventos en los que se les imputó directamente la comisión de un delito electoral, de acuerdo con lo reseñado por La Silla Vacía.

Según consta en el documento admitido por el Consejo de Estado, Penagos afirma haber solicitado formalmente la rectificación de dichas afirmaciones. Sin embargo, al no recibir respuesta ni corrección alguna tras un plazo de 15 días, y dado que las publicaciones permanecían en línea, procedió a interponer la acción de tutela. De acuerdo con El Espectador, la tutela califica las acusaciones de Petro como un "desprecio temerario por la verdad" y sostiene que, si bien es deber de todo servidor público soportar la crítica, no lo es tolerar imputaciones penales sin fundamento. "Soportar la crítica a la gestión es deber de todo servidor; soportar imputaciones penales formuladas por el Presidente y construidas sobre información falsa no lo es", cita el medio sobre el texto de la acción legal.

La respuesta del expresidente: reafirma sus acusaciones de fraude

Lejos de retractarse, el expresidente Gustavo Petro respondió públicamente a la admisión de la tutela a través de sus redes sociales, donde reafirmó su postura sobre el supuesto fraude electoral. En un extenso mensaje, según recogió el portal La Razón, Petro insistió en que su "derecho a elegir" fue afectado por lo que considera una "falta de transparencia de la registraduría".

El exmandatario centró sus argumentos en dos puntos principales. Primero, cuestionó por qué, según él, el 97 % de los formularios de escrutinio E-14 publicados en formato PDF carecían de "código hash", un mecanismo de seguridad que, en su opinión, es obligatorio por ley para impedir la alteración de archivos. Segundo, se refirió a un peritaje estadístico atribuido al grupo "Testigos Digitales", que habría aplicado el modelo Wald-Wolfowitz o "análisis de rachas" y supuestamente detectado patrones matemáticos anómalos en miles de mesas de 1.350 puestos de votación, según El Contraste.

Adicionalmente, Petro interpeló al registrador por su silencio frente a una supuesta declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría afirmado que Abelardo De La Espriella ganó las elecciones gracias a su ayuda. "¿No constituye esa frase, dicha por un jefe de Estado, una prueba contra usted y su función?", preguntó el expresidente, según citó El Espectador.

Contexto: las elecciones de 2026 y la verificación de los hechos

La controversia tiene su origen en los resultados de las elecciones presidenciales de 2026, en las que Abelardo De La Espriella resultó ganador frente a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, como recordó El Contraste. A pesar de las acusaciones del expresidente Petro, ni las autoridades electorales colombianas ni las misiones de observación internacional que acompañaron el proceso han reportado la existencia de un fraude sistemático que pudiera modificar el resultado final de los comicios.

Frente a las afirmaciones específicas de Petro, han surgido verificaciones periodísticas. Según un análisis del "Detector de Mentiras" de La Silla Vacía, la afirmación sobre la eliminación del código hash es engañosa. Dicho medio explicó que este mecanismo de seguridad sí existe, pero se encuentra en un canal de acceso restringido para auditores y misiones de observación, y que el escrutinio oficial se realiza con base en las actas físicas y no sobre las imágenes digitales publicadas en la web. El mismo portal también verificó que el "análisis de rachas" no constituye una prueba concluyente de fraude.

La narrativa del fraude se ha convertido en un eje central del discurso de oposición de Gustavo Petro, quien, de acuerdo con La Silla Vacía, la ha utilizado para movilizar a sus seguidores y argumentar que a su candidato le fue "robada" la elección.

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El proceso judicial y qué viene ahora

La admisión de la tutela por parte del Consejo de Estado es un paso inicial en el proceso y no representa una decisión de fondo sobre el asunto. El magistrado ponente, Nicolás Yepes Corrales, deberá estudiar los argumentos de ambas partes antes de emitir un fallo, según informó El Espectador. Además de notificar a Petro, el tribunal vinculó al proceso a la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que aporten la información que consideren pertinente.

El Consejo de Estado deberá ponderar si las declaraciones del expresidente se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y al debate político, o si, por el contrario, constituyen una afectación injustificada a los derechos al honor y al buen nombre del registrador y de la entidad electoral. La decisión que se tome podría sentar un importante precedente sobre los límites de los funcionarios y exfuncionarios públicos al cuestionar la integridad de las instituciones del Estado.

El fallo determinará si Gustavo Petro debe o no rectificar sus publicaciones. Mientras tanto, el expresidente ha manifestado que espera las respuestas del registrador "de manera pública o en el proceso de tutela", manteniendo viva la controversia que ahora se encuentra en manos de la justicia.