Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) elegidos por el Congreso en pleno el 25 de agosto de 2026 se posesionaron el martes 1 de septiembre en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia, en un acto encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.
Una posesión fuera de Bogotá
A diferencia de ceremonias anteriores, la toma de juramento se realizó en la capital del Atlántico, a partir de las 11:00 a. m., según informó Infobae. Los magistrados ejercerán durante los próximos cuatro años, en el periodo 2026-2030.
Cómo quedó la composición
La elección se produjo tras una sesión conjunta de Senado y Cámara que se extendió por varias horas. El resultado dejó siete curules en sectores de centroderecha y dos en el Pacto Histórico, según el balance publicado por Infobae el 26 de agosto.
La nueva Sala Plena abre de inmediato la disputa por la presidencia y la vicepresidencia del tribunal electoral, cargos que definen la agenda y el reparto de ponencias en los procesos sancionatorios.
El mensaje del Gobierno
En su intervención, el presidente pidió a los nuevos magistrados proteger la confianza ciudadana en las elecciones, actuar con independencia frente a los sectores políticos que respaldaron sus postulaciones y garantizar que los resultados reflejen la voluntad de los votantes. También cuestionó a la administración anterior al afirmar que “intentaron alterar la voluntad popular”.
El mandatario planteó, además, la necesidad de reformas que respondan a los cambios del sistema de votación, un debate que incluye la modernización del escrutinio y la financiación de campañas.
Primera decisión de fondo: el caso Cepeda
El mismo 1 de septiembre, el CNE cerró la investigación contra Iván Cepeda por la financiación de su campaña en la consulta del Pacto Histórico. La corporación concluyó que no hubo violación de las normas de financiación ni donaciones ocultas, según reportó Colprensa para El País. El expediente había surgido por recursos destinados a servicios de publicidad.
Lo que viene
El nuevo CNE hereda expedientes sobre topes de campaña, propaganda electoral y financiación de las elecciones de Congreso del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026. También deberá acompañar los procesos atípicos que la Registraduría tiene programados en municipios y departamentos.
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