El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el desmonte de la política de negociaciones conocida como “paz total”. En una alocución transmitida la noche del domingo 30 de agosto de 2026, el mandatario anunció la expedición de nueve resoluciones con las que puso fin a tres procesos de diálogo heredados del gobierno de Gustavo Petro.
Cuáles son las mesas que quedaron cerradas
Las decisiones cobijan al autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Calarcá; a los Comandos de la Frontera, con presencia en Putumayo y la frontera con Ecuador; y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el Caribe.
Según explicó el Gobierno, los actos administrativos revocan los nombramientos de los representantes del Estado en esas mesas y retiran el reconocimiento de los voceros designados por los grupos armados, un estatus que les daba garantías jurídicas para participar en las conversaciones.
El argumento del Gobierno
“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, dijo el presidente, según la transcripción difundida por la agencia EFE.
De la Espriella, que apenas cumple tres semanas en el cargo tras posesionarse el 7 de agosto, calificó los procesos como una “falsa paz” y sostuvo que no permitirá que “la palabra paz sea utilizada como excusa” para el fortalecimiento de estructuras armadas.
Una decisión que se venía anunciando con hechos
El cierre de las mesas no llega aislado. En sus primeras tres semanas de gobierno el Ejecutivo ordenó tres bombardeos: el primero, el 10 de agosto contra estructuras del ELN en el Catatumbo; el segundo, el 27 de agosto contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare (Operación Amón); y el tercero, el 30 de agosto, contra las estructuras de alias Iván Mordisco en el mismo departamento (Operación Azarías), de acuerdo con el recuento publicado por EL PAÍS.
Ese mismo diario documentó que, de manera preliminar, las autoridades confirmaron la muerte de al menos cuatro menores de edad en los dos primeros operativos y que apenas uno de los cabecillas priorizados por el Gobierno ha caído en combate. El hecho abrió un debate político y jurídico que hoy se tramita en el Congreso.
Qué sigue
Con las resoluciones en firme, los antiguos voceros pierden la protección asociada al proceso y quedan expuestos a la reactivación de órdenes de captura, un giro que Caracol Radio reportó el 2 de septiembre. El Gobierno insiste en que la puerta del sometimiento a la justicia sigue abierta, pero bajo reglas distintas: entrega de rutas del narcotráfico, cese verificable de reclutamiento y desarme.
El pulso ahora se traslada al terreno: el atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, ocurrido la noche del 31 de agosto y atribuido al ELN, mostró la capacidad de respuesta de las estructuras que quedaron por fuera de la mesa.
Lea también: el atentado con carro bomba en Los Patios y el debate por los menores muertos en el bombardeo del Guaviare.
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