La Corte Suprema de Justicia adoptó medidas para frenar uno de los problemas más persistentes del sistema penal colombiano: el aplazamiento recurrente de audiencias, que dilata los procesos, vence términos y termina beneficiando a procesados por vías puramente procedimentales.

Qué ordenó la Corte

La decisión establece criterios más estrictos para justificar la inasistencia de las partes y exige a jueces y despachos dejar constancia de las causas de cada aplazamiento, con miras a identificar responsabilidades disciplinarias cuando la dilación sea injustificada.

Para las víctimas, la medida es relevante porque los aplazamientos sistemáticos han sido señalados como una forma indirecta de impunidad: procesos que se extienden por años hasta que la prueba se debilita o se declara la prescripción.

Congestión judicial, un problema estructural

El sistema penal acusatorio acumula miles de procesos represados. Los factores van desde la falta de defensores públicos y peritos, hasta fallas logísticas en el traslado de personas privadas de la libertad y agendas judiciales sobrecargadas.

Expertos coinciden en que una decisión de la Corte, por sí sola, no resuelve el represamiento: se requiere inversión en infraestructura judicial, digitalización de expedientes y ampliación de la planta de jueces.

Otras decisiones recientes

La Sala de Casación Penal también ha fijado en las últimas semanas criterios en materia de violencia intrafamiliar y de manejo de ahorros pensionales, en una línea jurisprudencial orientada a cerrar vacíos de protección.

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