La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali, y no en la Plaza de Bolívar de Bogotá, puso a la capital del Valle del Cauca en el centro de la agenda nacional.
Autoridades locales, gremios y organizaciones sociales coinciden en que el gesto simbólico debe traducirse en decisiones concretas para una ciudad que arrastra problemas estructurales de seguridad, movilidad y desempleo juvenil.
Las prioridades que pone la ciudad sobre la mesa
La primera es la seguridad urbana: extorsión al comercio, homicidios en las comunas del oriente y ladera, y presencia de estructuras criminales con conexiones en el norte del Cauca.
La segunda es la movilidad, con un sistema de transporte masivo que necesita recursos para su sostenibilidad financiera. La tercera es el empleo juvenil, uno de los indicadores más críticos de la ciudad durante la última década.
El eje Cali–norte del Cauca
Los analistas regionales insisten en que la seguridad de Cali no se resuelve dentro de sus límites: la conexión con municipios del norte del Cauca exige una estrategia conjunta entre Policía, Ejército, Gobernación y alcaldías.
Las comunidades de esa zona llevan años pidiendo presencia estatal que no se limite a la fuerza pública.
La expectativa regional
Más allá de Cali, otras regiones esperan que el discurso descentralizador se refleje en el presupuesto de 2027. La ejecución de las regalías y de los proyectos de infraestructura será el primer indicador.





