Columna de opinión | Editorial de By Viral 24
Gustavo Petro utilizó desde la Presidencia la expresión “muñecas de la mafia” para descalificar a mujeres periodistas que cuestionaban al poder. La Corte Constitucional le ordenó rectificar y, casi dos años después, terminó ofreciendo disculpas públicas por unas palabras que fueron consideradas estigmatizantes.
Hoy, esa expresión se devuelve políticamente hacia su propio entorno. No para atacar a las mujeres por ser mujeres ni para desconocer la presunción de inocencia, sino para señalar una contradicción evidente: mientras Petro lanzaba acusaciones contra periodistas, en su círculo más cercano crecían figuras cuestionadas por títulos presuntamente falsos, posible intermediación de contratos, coimas, tráfico de influencias, nombramientos familiares y uso controvertido de recursos públicos.
Las verdaderas “muñecas” del poder no estaban necesariamente en las salas de redacción que Petro atacaba. Varias estaban entrando a la Casa de Nariño, ocupando cargos, visitando despachos, hablando en nombre del Gobierno o ejerciendo una influencia que todavía debe ser esclarecida por la justicia.
Angie Rodríguez abrió una puerta que el Gobierno quería mantener cerrada
Gracias a las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exgerente del Fondo Adaptación, el país conoció un fragmento de las luchas, presiones e influencias que, según su testimonio, operaban en las entrañas del Gobierno.
Rodríguez denunció presuntas irregularidades alrededor del intento de trasladar cerca de $1,2 billones del Fondo Adaptación hacia la UNGRD. También señaló a personas cercanas al presidente que, sin las competencias o los cargos correspondientes, habrían intervenido en decisiones administrativas. Petro respondió sacándola del Gobierno, cuestionando su idoneidad y atacando públicamente su credibilidad.
Las afirmaciones de Rodríguez deben ser verificadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Pero el deber de un presidente responsable no era desacreditar a la denunciante ni cerrar filas alrededor de sus protegidos. Era apartar preventivamente a las personas cuestionadas, ordenar auditorías y facilitar que toda la información llegara a las autoridades.
Petro eligió lo contrario: confrontó a quien denunciaba y defendió a varias de las señaladas.
Juliana Guerrero: poder sin credenciales claras
Juliana Guerrero representa uno de los episodios más graves de este final de Gobierno.
La Fiscalía la imputó y posteriormente radicó escrito de acusación por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El caso está relacionado con los títulos académicos que habría presentado para aspirar al Viceministerio de las Juventudes. Según la investigación, no habría cursado las materias ni cumplido requisitos como el examen Saber Pro. Guerrero no ha sido condenada y tendrá derecho a defenderse en juicio.
A ese proceso se agregaron denuncias periodísticas mucho más delicadas. Empresarios aseguraron haber pagado dinero a Juliana Guerrero, a su hermana Verónica y a personas de su entorno a cambio de supuestas gestiones para acceder a contratos públicos. Los reportes incluyen chats, audios y consignaciones que deberán ser autenticados y valorados por la justicia.
Lo políticamente inexplicable es que, ante semejante acumulación de cuestionamientos, Petro continuara defendiendo a Guerrero. Incluso sectores de la propia izquierda se apartaron del respaldo presidencial y exigieron investigaciones.
Ese es el centro del problema: no solamente qué hizo o dejó de hacer Juliana Guerrero, sino por qué el presidente se mostró incapaz de marcar distancia.
Verónica Guerrero: la supuesta intermediaria
Verónica Guerrero, hermana de Juliana, aparece en las investigaciones periodísticas como la persona que habría mantenido comunicación con empresarios, informado sobre el supuesto avance de proyectos y coordinado cobros vinculados con eventuales contratos de vivienda, acueductos y seguridad.
Los denunciantes sostienen que se exigían anticipos y porcentajes sobre los proyectos adjudicados. También afirman haber entregado más de $600 millones sin recibir los contratos prometidos. Estas versiones no constituyen una condena y, hasta el momento, no se conoce una acusación penal formal contra Verónica por esos hechos.
No basta con decir que los contratos finalmente no se entregaron. La posible venta de influencias también debe investigarse aunque el negocio prometido no se haya concretado.
Sandra Ortiz: el caso que ya llegó a los tribunales
Sandra Ortiz no está solamente “salpicada” por declaraciones políticas. La exconsejera presidencial para las Regiones enfrenta un proceso formal relacionado con la corrupción en la UNGRD.
La Fiscalía la señala de haber recibido $3.000 millones provenientes del entramado de contratación de esa entidad y de trasladarlos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Ortiz ha negado responsabilidades y el proceso deberá definir si participó en la entrega de las presuntas coimas.
Su caso demuestra que la corrupción de la UNGRD no fue una simple irregularidad aislada de funcionarios menores. El expediente alcanzó altos niveles del Ejecutivo y del Congreso y expuso un presunto sistema en el que contratos y recursos públicos habrían sido utilizados para obtener apoyos políticos.
Este escándalo, por sí solo, habría obligado a cualquier Gobierno coherente con un discurso anticorrupción a realizar una ruptura profunda. En cambio, el país recibió defensas contradictorias, silencios selectivos y ataques contra quienes pedían explicaciones.
Laura Sarabia: poder, secretos y múltiples investigaciones
Laura Sarabia fue una de las personas más poderosas del Gobierno Petro. Pasó por la jefatura de gabinete, Prosperidad Social, el Dapre, la Cancillería y la Embajada en Reino Unido.
Su nombre quedó relacionado con el caso de Marelbys Meza, la exempleada sometida a una prueba de polígrafo después de la desaparición de dinero en la vivienda de Sarabia. También ha sido objeto de indagaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sin que hasta ahora exista condena ni acusación formal conocida por esos delitos.
Sarabia tiene derecho a defenderse y no puede ser presentada como culpable. Pero su ascenso constante, pese a las controversias, confirmó una característica del Gobierno: la lealtad personal parecía pesar más que la necesidad de enviar un mensaje claro de transparencia.
Petro no la apartó definitivamente del poder. La trasladó de una posición a otra.
Verónica Alcocer y los contratos alrededor de su imagen
Verónica Alcocer, esposa de Petro, también quedó en medio de cuestionamientos por contratos de fotografía, maquillaje y servicios audiovisuales ejecutados mediante convenios relacionados con entidades públicas.
Reportes periodísticos señalaron que la Fiscalía abrió una indagación sobre contratos que, en conjunto, alcanzarían cerca de $23.000 millones. Esa cifra corresponde a procesos contractuales más amplios y no puede presentarse automáticamente como dinero gastado exclusivamente en Alcocer. Tampoco existe una imputación o condena conocida contra ella por estos hechos.
Precisamente por eso se necesita una investigación rigurosa: para determinar qué servicios se prestaron, quiénes fueron los beneficiarios, cómo se seleccionaron los contratistas y si existió una finalidad pública real.
La transparencia no se demuestra atacando al medio que pregunta. Se demuestra publicando contratos, informes, productos entregados y soportes de cada gasto.
Gabriela Muñoz y el poder alrededor de la Aerocivil
Gabriela Muñoz, joven activista cercana a Petro, fue señalada por Angie Rodríguez de tener una influencia desproporcionada dentro de la Aerocivil.
Posteriormente, el representante Daniel Briceño divulgó documentos sobre la vinculación de varios familiares de Muñoz en esa entidad. Funcionarios consultados por medios también denunciaron que ella y su hermano habrían tenido acceso e incidencia superiores a los correspondientes a sus cargos. Muñoz rechazó las acusaciones, las calificó de falsas y anunció acciones legales. No existe una imputación penal conocida contra ella por corrupción.
Las denuncias aparecen, además, cuando la Contraloría ha advertido serias inconsistencias financieras y contractuales en la Aerocivil, incluyendo fallas en proyectos estratégicos y posibles afectaciones patrimoniales. Esos hallazgos no prueban que Muñoz haya participado en irregularidades, pero hacen indispensable establecer quién tomaba las decisiones y bajo qué criterios fueron vinculados sus familiares.
El problema es el patrón de protección
No todas estas mujeres están en la misma situación jurídica. Sandra Ortiz enfrenta un proceso formal por la UNGRD; Juliana Guerrero fue acusada por el caso de sus títulos; otras figuran en indagaciones o únicamente en denuncias periodísticas que aún deben probarse.
Mezclar los casos y declarar culpables a todas sería irresponsable.
Pero también sería ingenuo fingir que no existe un patrón político: cercanía con el presidente, acceso privilegiado, ascensos difíciles de explicar, denuncias de influencia, defensa presidencial y resistencia a apartarlas mientras se investigan los hechos.
Esa es la responsabilidad que Petro no puede eludir.
Pero sí puede afirmarse políticamente que su Gobierno permitió que alrededor de la Presidencia creciera una estructura de lealtades y protecciones en la que varias figuras cuestionadas conservaron acceso al poder.
Petro prometió combatir la corrupción y terminó atacando a periodistas, denunciantes y contradictores mientras defendía a personas de su círculo.
Tampoco puede ocultarse que su mandato termina bajo una de las acumulaciones de escándalos más graves de las últimas décadas: UNGRD, financiación de campaña, títulos presuntamente falsos, intermediación de contratos, investigaciones patrimoniales, cuestionamientos en Ecopetrol, Aerocivil y disputas por recursos públicos.
El juicio histórico será demoledor precisamente porque Petro construyó su carrera denunciando las prácticas que terminaron rodeando a su propio Gobierno.
Quien se presentó como sepulturero de la corrupción terminó administrando un poder cercado por ella.
Las verdaderas “muñecas” estaban más cerca
El título de esta columna no pretende reducir a ninguna mujer a un objeto ni anticipar culpabilidades. Devuelve al expresidente su propia retórica para exponer su doble rasero.
Petro llamó “muñecas de la mafia” a periodistas que investigaban y opinaban. Después tuvo que retractarse. Mientras tanto, varias mujeres de su entorno acumulaban cuestionamientos que él no quiso enfrentar con la misma contundencia.
Las muñecas que tanto buscó en los medios estaban mucho más cerca de su despacho.
Algunas están acusadas. Otras están siendo investigadas. Varias apenas han sido denunciadas y tienen derecho a demostrar su inocencia.
Pero todas dejan una misma pregunta para Gustavo Petro:
¿Por qué fue tan implacable con las periodistas que lo cuestionaron y tan indulgente con las personas cuestionadas que pertenecían a su círculo de poder?
Nota editorial: esta es una columna de opinión. Todas las personas mencionadas se presumen inocentes mientras la justicia no determine lo contrario y tienen abierto el derecho de réplica en By Viral 24.
